RedacciónMadrid.-El juez que sentará en el banquillo a Cristina de Borbón y a su marido autorizó el jueves la venta de su lujosa residencia de Barcelona con la condición de que se comprometan a ingresar 2,3 millones de euros en el juzgado para cancelar el embargo impuesto sobre la mitad de la residencia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó en un auto que veía «razonable» el precio de venta del conocido como «palacete de Pedralbes», ubicado en una exclusiva zona de la Ciudad Condal, por 6,9 millones de euros.
La mitad de la propiedad se encuentra embargada por el juzgado para responder a la fianza por responsabilidades pecuniarias impuesta a Urdangarin por valor de algo más de 6,1 millones de euros.
La infanta Cristina será el primer miembro de la Familia Real española que se sentará en el banquillo de los acusados después de que Castro la considerase cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública en el caso de corrupción Nóos.
Urdangarin, por su parte, deberá responder por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
El juez dispuso en su auto que la pareja debe comprometerse antes de la venta a ingresar en la cuenta del juzgado la suma de 2,3 millones de euros que resultará tras saldar la deuda que aún tienen pendiente con el banco.
Los abogados del exjugador de balonmano habían solicitado a finales de enero autorización judicial para la venta, propiedad al 50 por ciento de la pareja.
La resolución es recurrible en un plazo de tres días.
El juez considera que Cristina de Borbón y Grecia, de 49 años, dispuso y gastó dinero público destinado a Aizoon, una sociedad «pantalla» que poseía al 50 por ciento con su marido, que supuestamente se habría aprovechado de su posición como yerno del rey Juan Carlos I para enriquecerse.
Castro cree que la hermana del rey Felipe VI fue cooperadora necesaria en los delitos de Urdangarin, y que sin su consentimiento y su actuación no se habrían cometido.
Este caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.
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