RedacciónA Cristina Fernández de Kirchner le notificaron oficialmente una noticia mucho peor de la que suponía. El juez federal Claudio Bonadío ratificó su procesamiento pero amplió el embargo que tenía previsto para ella, -por quince millones de pesos (menos de un millón de euros)-, y lo extendió a la totalidad de su patrimonio en el marco de la causa del “dólar futuro”.
El magistrado le confirmó que considera que es la máxima responsable de que su Gobierno decidiera, deliberadamente, vender millones de dólares por debajo del precio del mercado con fecha posterior al final de su mandato. Esa decisión le causó daños de miles de millones a las arcas públicas. Dicho en palabras del juez, su procesamiento se debió por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
Cristina Elisabet Fernández no estuvo rodeada en esta ocasión por los miles de manifestantes que la vitorearon en la anterior en los alrededores de los Tribunales de Comodoro Py (Buenos Aires). La ex presidenta tampoco se subió a un escenario móvil para pronunciar una arenga a los suyos y arremeter contra el Ejecutivo de Mauricio Macri y presentarse como una perseguida política. La viuda de Néstor Kirchner tuvo que conformarse ayer con la presencia de unos cientos de seguidores y un corrillo improvisado con la prensa donde denunció el “hostigamiento de algún sector del partido judicial” acusó al juez de “animosidad manifiesta” y “ridícula” y anunció que apelaba y denunciaba a los que, según ella, protagonizan sistemáticamente el mismo “modus operandi” en su contra.
Autismo político
Esto es, Bonadío y la diputada Margarita Estolbizer, que la había denunciado la víspera después de que ella rescindiera sus plazos fijos y retirado buena parte de los fondos en el banco que luego, paradójicamente, reconvirtió en dólares que, presuntamente, no habría declarado. Sobre el cambio de divisa de la ex presidenta que durante su mandato condenaba a los argentinos que ahorraban o pedían dólares (entonces de acceso limitado), se justificó. “Lo hice porque no tengo confianza en política económica” del actual Gobierno.
En cuanto a las razones de su procesamiento, dio una explicación insólita: “nos procesan por la devaluación del Gobierno que nos sobrevino”. Y se quejó de que “para estampar una firma” el juez la obligara a viajar cuando vive a tres mil kilómetros de Buenos Aires, “en Río Gallegos” (sur de Argentina).
Dicharachera y coqueta, la ex presidenta logró por momentos hacer creer que no era consciente de la gravedad y el alcance de su procesamiento. En rigor, lo único que podía celebrar era de haber logrado que el magistrado retrasara su citación unas horas. El motivo que esgrimió fue una cita con el médico, el que se da por verdadero es que no quería cruzarse con el detenido Lázaro Báez, ex amigo de la familia y presunto testaferro de su marido, que estaba citado –y compareció- a la misma hora que ella en el mismo edificio.
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