El MotínEl plan del Reino Unido para enviar a Ruanda a los inmigrantes indocumentados superó su último obstáculo.
Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó en la noche del lunes una ley que declara al país centroafricano como “seguro” para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las islas británicas irregularmente.
El primer ministro Rishi Sunak dijo que la iniciativa es un “cambio fundamental” en el enfoque global sobre la migración, pues “disuadirá a personas vulnerables” de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones.
La oposición, activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han criticado el plan, por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio.
Horas después de aprobado el texto, las autoridades informaron que cinco inmigrantes ilegales murieron al tratar de cruzar el Canal de La Mancha en pequeñas embarcaciones.
El llamado «plan Ruanda» prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
De ser aprobadas las peticiones, a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano, el cual hace justo tres décadas fue escenario de un genocidio y cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por organizaciones internacionales.
A quienes se les rechacen sus solicitudes podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro «tercer país seguro». Sin embargo, bajo ningún concepto ninguno de los deportados podrá volver a Reino Unido.
La iniciativa, inspirada en un plan puesto en marcha en Australia años antes, fue anunciada en 2022 por el entonces primer ministro conservador Boris Johnson.
Y aunque los gobiernos británico y ruandés firmaron a mediados de 2022 un acuerdo, por medio del cual el primero se comprometió a entregarle al segundo US$150 millones a cambio de recibir a los inmigrantes, el mismo no se ha puesto en marcha.
Una serie de dictámenes de la justicia europea y una posterior batalla legal dentro de Reino Unido que terminó en la Corte Suprema han frenado el plan.
Precisamente para impedir nuevos fallos judiciales que frenen el envío de los extranjeros ilegales, a finales del 2023 el gobierno de Sunak presentó ante Parlamento una ley que blinda el acuerdo con Ruanda, al declarar que ese país es “seguro” para recibir a los deportados y en la cual le cierra las puertas a los jueces británicos para bloquear los traslados de inmigrantes.
Sunak, quien desciende de inmigrantes indios, ha asegurado que la iniciativa servirá para “disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan”.
«(El plan) dejará muy claro que si vienes ilegalmente, no podrás quedarte”, agregó el mandatario.
La BBC calcula que unos 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en el país podrían ser deportados en los próximos cinco años, tiempo que estará vigente el acuerdo con Ruanda.
La iniciativa gubernamental ha sido criticada internacionalmente.
Los altos comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos, Filippo Grandi y Volker Turk, respectivamente, han pedido a las autoridades británicas que “reconsideren” este plan y que adopten “medidas prácticas” para abordar los “flujos irregulares de refugiados y migrantes”.
“La nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados”, dijo Grandi.
El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
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