RedacciónAdemás de El Aissimi, en la lista de sancionados figuran el empresario venezolano Samark José López Bello y varias empresas. Las sanciones implican la congelación de cualquier bien o activo que los señalados tengan en territorio estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con los señalados.
Ciudades estadounidenses como Miami son zonas privilegiadas por los “boliburgueses”, la oligarquía que floreció a la sombra del chavismo, para invertir.
La nueva tanda de sanciones amplía las ya emitidas por el demócrata Barack Obama en marzo de 2015 en base a una ley aprobada unos meses antes por el Congreso que abría la vía a la penalización de altos funcionarios venezolanos. En esa ocasión, Obama señaló a siete altos funcionarios venezolanos responsables de seguridad y justicia del Gobierno de Maduro a los que acusó de ser responsables de la “erosión de los derechos humanos” en el país. Además, para gran indignación de Caracas, Obama declaró una “emergencia nacional” respecto de Venezuela, un instrumento que le permite al Ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.
La remodelación del gabinete de Maduro a comienzos de año llevó al Congreso estadounidense a volver a fijarse en Venezuela.
La semana pasada, 34 legisladores, tanto congresistas como senadores republicanos y demócratas, firmaron una carta pidiéndole a Trump que impusiera nuevas sanciones “inmediatas” a funcionarios venezolanos “responsables de violaciones de derechos humanos y de corrupción”, incluidos, subrayaban, “aquellos presuntamente involucrados en la crisis alimentaria venezolana”. Los legisladores también reclamaban que las agencias estadounidenses “investiguen de forma exhaustiva” la “conducta y actividades” del nuevo vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en vista de las informaciones que ligan al nuevo número dos venezolano con “corrupción, narcotráfico y la influencia de organizaciones terroristas en Venezuela”.
Venezuela, en el radar de Tump
A diferencia de México, Venezuela no está en la primera línea de ataque de la retórica de Trump. Pero es un país por el que el presidente republicano se ha interesado en repetidas ocasiones de manera más discreta.
Hace un mes, días antes de asumir la presidencia, Trump recibió en su despacho en la Torre Trump en Nueva York a un grupo de hispanos, entre ellos el exembajador guatemalteco en Washington Julio Ligorría. Según confirmó este a EL PAÍS, el magnate mostró un interés particular por el país sudamericano. Trump “preguntó por Venezuela”, reveló. Y se interesó específicamente por la situación de dos de los políticos opositores encarcelados por el Gobierno de Nicolás Maduro, Leopoldo López y Antonio Ledezma, de acuerdo con las fuentes.
En las últimas horas, Venezuela ha vuelto a ser tema de conversación en la Casa Blanca. Según el comunicado oficial de la Administración Trump, durante la llamada que Trump hizo el domingo al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el estadounidense “manifestó su preocupación por los acontecimientos en Venezuela, incluida la situación humanitaria en ese país”. Trump también conversó en los pasados días con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aunque todavía no se ha emitido una nota oficial de Washington sobre la charla. Sí se ha hecho sobre la que mantuvo el viernes con Santos el vicepresidente, Mike Pence, que también habló con el presidente argentino, Mauricio Macri. Con ambos, Pence acordó “mantener una comunicación fluida sobre asuntos hemisféricos”, dijo la Casa Blanca.
El interés de Trump por Venezuela podría tener un carácter personal. Uno de los clubes privados de lujo que el magnate devenido en presidente tiene en Florida está en Doral, popularmente conocido como “Doralzuela” por la cantidad de venezolanos asentados en esa zona, situación que le habría sensibilizado más sobre la situación del país sudamericano.
Pero Trump no es el único de la nueva Administración estadounidense con historial venezolano. El nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, también tiene desde hace tiempo una cuenta pendiente con el Gobierno chavista. El texano era jefe de la petrolera Exxon Mobil cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera en la década de 2000, hecho que provocó grandes pérdidas a la compañía que dirigía Tillerson. Ambos se enfrentaron en los tribunales internacionales y, finalmente, Exxon Mobil aceptó un acuerdo por 1.600 millones de dólares, mucho menos que los 10.000 millones en los que había estimado sus pérdidas en Venezuela por la maniobra del Gobierno.
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