RedacciónSamaná.-La Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas informó que ha interpuesto una demanda judicial ante el procurador fiscal de esta ciudad en contra del accionista minoritario de la empresa Jacques Dartout, por abuso de confianza, asociación de malhechores y por la desaparición de materiales, equipos y más de ocho millones de pesos cobrados en efectivo ilegalmente a usuarios de la compañía en la oficina de Caño Seco.
Según informó la gerente general de la empresa, Alejandra Orsini,luego de que le fuera solicitada a Dartoutla devolución de los valores cobrados ilegalmente y los equipos sustraídos entre el 3 de octubre y el 13 de noviembre de 2014, este demandó a los miembros del consejo de administración de la empresa por supuestos manejos inadecuados e ilegales en la gestión, en un intento de obstaculizar los procesos legales en su contra interpuestos por Luz y Fuerza.
La ejecutiva explica que Dartout fue designado como secuestrario judicial de la Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas, mediante la ordenanza 17572002, de fecha 12 de junio de 2002, a los fines de hacer una auditoría por parte de la contadora pública Nurys Mercedes Marías Antonio, y luego de obtenidos los resultados convocar a reunión de la asamblea general anual de accionistas.
“La ordenanza fue desestimada en un acuerdo entre las partes realizado el tres de septiembre de 2002. Sin embargo, el tres de octubre de 2014 Dartout tomó por asalto las oficinas y almacenes de Luz y Fuerza en Las Terrenas, valiéndose de la ordenanza de 2002, sin contar con la fuerza pública, sin ser juramentado por un juez como administrador judicial y sin levantar el inventario que es obligatorio para quien, además de tener establecidas las limitaciones legales de actuación, debe rendir cuenta a quienes poseen el 83% de las acciones empresariales”, señaló Orsini.
La ejecutiva de la empresa enfatizó que durante cuarenta días de ocupación a las oficinas de Luz y Fuerza en Caño Seco, Las Terrenas, no se permitió la entrada al personal administrativo y de contabilidad de la empresa y no existe conocimiento alguno de que la contadora pública Matías Antonio haya asistido a hacer la auditoría que dicta la ordenanza, lo que evidentemente rebasa los poderes que le fueron concedidos en el mandatario judicial.
Orsini dijo que la empresa nunca se negó a la auditoría ordenada por la corte, y señaló que todos los estados financieros de esta empresa han sido auditados por un contador público autorizado y que además la empresa firmó un contrato en junio de este año con la reconocida empresa auditora Deloitte S.A.
En efecto de la ilegalidad de la intervención, el 31 de octubre de 2014, la magistrada Ileana G. Pérez García, segunda sustituta de la presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó las ordenanzas 1913 y 1914, mediante las cuales se ordena a Dartoutdesocupar las instalaciones y dependencias de la compañía,así como a entregar todos los documentos, muebles o inmuebles de los cuales hubiera apoderado; y cesar en la utilización del nombre comercial, el logo oficial y demás distintivos de esa empresa, además de los documentos originales. Asimismo,se le prohibiótrasmitir informaciones públicas no aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa.
El 13 de noviembre, el presidente de la empresa, José OscarOrsini Bosch, acompañado del jefe de la División de San Francisco de Macorís de la Policía Nacional yde los coroneles de la Policía Nacional encargados de los puestos de Nagua, Samaná y Las Terrenas, además de un alguacil de la Suprema Corte de Justicia, dio cumplimiento a las ordenanza, tomando posesión de la oficina de Caño Seco. Al entrar a las instalaciones se pudo comprobar que Dartout había extraído de la oficina documentos, materiales, equipos, computadoras y dinero en efectivo, según informó la gerente general de la empresa.
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