RedacciónEl programa de negociación presentado por Podemos esta semana ha incendiado a los representantes de la judicatura. La razón principal está en un punto de ese documento que parece comprometer la reclamada independencia judicial, en la que Podemos paradójicamente había venido insistiendo desde su creación. Así, los de Iglesias plantean que determinados puestos de especial relevancia en el ámbito de la Justicia, como el Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicialsean designados no únicamente atendiendo a criterios de mérito y capacidad, sino también por su “compromiso con el programa del Gobierno”.
De inmediato se añade que “cabe pensar que un gran número de estas responsabilidades sean asumidas por personal funcionario de probada experiencia, así como por otras personalidades independientes de reconocido prestigio y solvencia profesional” y se explica que, en todo caso, el nombramiento habrá de producirse por “consenso”, teniendo en cuenta “que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del gobierno del cambio”.
Se mantiene la politización del CGPJ
“La independencia judicial es básica en un Estado de derecho. Si el poder judicial estuviera comprometido con el poder político ya no sería poder judicial”, reclama Raimundo Prado, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Otro de los puntos que indigna a la judicatura son los planes para la reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, “ a fin de que incluya la participación de los gobiernos de las naciones y comunidades políticasque lo deseen en la elección de sus miembros y en el proceso de conformación de un nuevo modelo territorial y de creación de un Tribunal de arbitraje competencial”.
Prado llama la atención sobre esa injerencia política y reclama, en nombre de su asociación, que son los “representados”, esto es, los propios magistrados, los que tienen que designar a sus representantes. “En la actualidad el Consejo General del Poder Judicial es el elemento más lesivo para la credibilidad de la judicatura y para la confianza de la ciudadanía en su administración de justicia», recuerdan desde la asociación progresista Jueces para la Democracia.
Advierten que «los constantes reproches a su parcialidad y a su control por parte del poder político han acabado dañando la imagen de la Justicia en su conjunto y la propia credibilidad de los órganos judiciales Además,resulta necesario un órgano institucional en el que puedan confiar quienes integramos el poder judicial y que garantice de verdad nuestra independencia”, apostillan.
Como Prado, coinciden en que la elección de los vocales de este organo debe corresponder en exclusiva a la judicatura “para impedir las interferencias de los partidos en su designación y en el control posterior de sus actuaciones”. Sí, añaden, se podrían analizar algunas fórmulas de participación ciudadana en este proceso de designación.
«No podemos tener presiones en la lucha contra la corrupción»
La inconcreción de algunas propuestas genera recelos. Es el caso de la referencia a la Fiscalía, que, se insiste, resulta “imprescindible” dotarde esa independencia funcional y orgánica con respecto al Ejecutivo. Según los de Iglesias, esto pasa por una reforma integral de este órgano que incluye una revisión del sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado “al que hay que dotar de un programa de cumplimiento previo”. No se detalla qué puntos incluirá ese programa.
También recelos despierta una de las propuestas estrella del programa “del cambio”. La creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción, que dependerá orgánicamente de la vicepresidencia de Iglesias y que, según se indica, “velará para que las administraciones públicas dispongan de mecanismos preventivos frente a la corrupción, trabajará de manera coordinada con la Oficina de Contrataciones Públicas, así como con el cuerpo de Interventores y Auditores del Estado, y promoverá la especialización del personal funcionario para la detección y denuncia de la corrupción”.
Investigaciones «impropias»
La posible “politización” de la lucha contra la corrupción genera incertidumbres entre los jueces. Según Prado, “tiene que haber personas especialistas que sepan cómo se puede luchar contra la corrupción. Todos estamos de acuerdo en que cualquier conducta que afecte a los valores y principios de la sociedad debe ser totalmente erradicado. Pero los jueces, cuando tengamos que juzgar delitos por corrupción tenemos que ser independientes y no estar sometidos a presión de ningún tipo”.
Juan Carlos Galindo, experto en lucha contra la corrupción y presidente de la Asociación Transparencia, considera, no obstante, que “todo cambio en la lucha contra la corrupción es positivo, porque el político tiene que creer que puede ser partícipe de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, hay que incidir mucho en la prevención, solo con la parte represiva no es suficiente”.
Los expertos creen que algunas propuestas son inconcretas, y requerirán de un desarrollo muy vigilante. Es también el caso, por ejemplo, del“comité específico” que, incluido en una ley de Defensa y protección del denunciante de corrupción, será “estará dotado de facultades tanto para la investigación de denuncias de represalias o investigaciones impropias y provea una completa gama de soluciones” . Jueces y fiscales llaman la atención sobre este punto y piden que no se ponga en cuestión su independencia para decidir cuándo una investigación “es o no impropia”.
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