El MotínSan Juan.-“Nos vamos a volver locos con este encierro”, expresa Celia* con desesperación desde su casa en Barrio Obrero, un sector de San Juan, la capital de Puerto Rico, que se distingue por ser uno de los epicentros de la comunidad dominicana en la isla.
La mujer llegó a esta zona hace cuatro años luego de cruzar de forma irregular el peligroso Canal de la Mona en una embarcación desde República Dominicana.
Dice que lo hizo por amor, luego de que su expareja y padre de su hija le invitó a mudarse.
Pese a lo complicado y riesgoso de su decisión, al llegar vio que de cierta manera rindió frutos. Encontró un trabajo como mesera en un restaurante, comenzó a ganar en dólares y estableció un hogar en un vecindario en donde gran parte de los residentes conocen de cerca la experiencia de migrar.
Puerto Rico, un territorio estadounidense sin poderes soberanos desde hace más de un siglo, no está exento de las duras políticas antimigratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Allí también avanzan las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que hasta el miércoles había detenido a 528 migrantes irregulares, de los que 392 tenían nacionalidad dominicana.
En donde antes era política pública entregar licencias de conducir y permitir abrir cuentas de banco a las personas que no tenían documentos de residencia, ahora se respira miedo. El gobierno local, incluso, confirmó que comparte información con las autoridades sobre los conductores que no tienen estatus migratorio legal.
Y esa realidad ha tocado de cerca a Barrio Obrero y sus locales.
“Yo salía del trabajo y me sentaba a despejar la mente en la plaza, a tomar la brisa. Ahora allí no hay casi nadie. Voy con miedo al restaurante y del restaurante a la casa. Por suerte, mi jefe me viene a buscar en su auto y me regresa en las tardes, porque si no, no me atrevería a salir”, sostiene Celia.
No solo se preocupa por sí misma, su hija, que nació en enero, le cruza el pensamiento sin parar. Luego de la primera redada en el barrio, ocurrida el 26 de ese mismo mes, cuando ICE llegó al lugar con armas y vehículos blindados, Celia decidió enviarla a su país.
“El papá -de quien ya no soy pareja- y yo firmamos un poder para enviarla con una amiga a República Dominicana. La niña está ahora con su abuela y mi hermana. Como ella es ciudadana estadounidense, porque nació aquí, yo tenía temor de que las autoridades me arrestaran, y me regresaran a mi país, y se quedaran con ella”, cuenta.
Ahora vive inmersa en la incertidumbre.
Mientras, el gobierno puertorriqueño, que no respondió a una solicitud de comentario de este medio, se mantiene de brazos cruzados ante los arrestos de migrantes en la isla.
Temen, indicó a la prensa de la isla la gobernadora Jennifer González, que la administración de Trump pueda tomar represalias y cortar el flujo de dinero federal.
Y en Barrio Obrero, afirman activistas y defensores de derechos humanos, se gesta lo que podría ser una crisis humanitaria y económica.
Un golpe al comercio
De acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en el territorio viven cerca de 53.000 personas de nacionalidad dominicana. El número es una subestimación de la cantidad real, que se presume mucho mayor, dado a que el Censo de EE.UU. nunca ha sido efectivo en el conteo de las comunidades minoritarias.
Aun así, la comunidad dominicana es el grupo de extranjeros con mayor presencia en Puerto Rico, donde hay 3.2 millones de habitantes.
En general, San Juan es el destino predilecto para los dominicanos que hacen de Puerto Rico su hogar.
En lugares como Barrio Obrero, se escucha el merengue y la salsa por igual, y se come tanto mangú como mofongo, los platos típicos a base de plátano distintivos de ambas naciones.
No obstante, “ahora está muerto”, dice desde su negocio Rosario de la Cruz, una dominicana que lleva en la isla 20 años. “Si pasan de noche dos o tres carros es mucho, antes aquí nada se detenía”, añade.
Es dueña del Fogón de Chary, una fonda en la que vende comida dominicana y puertorriqueña. Antes de la implementación de las medidas de Trump, vendía de US$3.000 a US$4.000 diarios. Además, tenía cinco empleados, e incluso mantenía las puertas abiertas hasta la madrugada.
“Ayer, en todo el día, solo llegaron cinco clientes”, sostiene. “Si estoy vendiendo US$100 al día es mucho”.
Ha despedido a sus trabajadores, ahora solo atiende con su hermana, y redujo las horas de operación a solo las tardes. Tras 11 años de emprender, quizás deba cerrar y buscarse un empleo, señala de la Cruz, quien también es madre soltera y les envía remesas a sus hijos veinteañeros en República Dominicana.
“Mi permiso de residencia me lo dieron el otro día, así que imagino el miedo de la gente. Si a mí me deportan a República Dominicana, ni siquiera mis hijos me van a conocer bien, porque por la necesidad, yo los dejé en el país de pequeños”, comenta.
Algo similar le ocurre a Gerald Hernández, dueño de un establecimiento de envío de divisas y de una barbería.
De 30 clientes al día, ahora solo siete u ocho llegan a su local a enviar dinero. Y lo hacen atemorizados. En la barbería, ahora solo se trabaja en fin de semana.
“La gente viene desesperada, en Uber para no caminar o piden a alguien que los traiga en un auto y que les espere en la puerta. Y es que, durante las redadas, cuando los arrestan, los tratan como si fueran delincuentes”, indica Hernández, quien desde 2019 vive en Puerto Rico y tiene permiso de residencia.
El comerciante asegura que conoce a otras personas que han tenido que cerrar sus negocios por el bajo flujo de clientes.
“No tengo mucha esperanza, porque esto es una orden presidencial. Debemos mantenernos batallando durante estos cuatro años, a ver si el negocio sobrevive. Ahora tendré que usar mis ahorros para mantenerme”.
Operativos “inhumanos”
Para José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, los operativos de ICE han sido “desproporcionados” e “inhumanos”.
Los agentes de inmigración se han centrado en intervenir no solo los barrios en donde vive una gran cantidad de dominicanos, también sus espacios de trabajo, como los restaurantes y las construcciones, sectores que cuentan con una cantidad significativa de mano de obra migrante.
La redada más grande ocurrió a mediados de mayo, cuando 53 personas fueron arrestadas mientras realizaban labores de construcción en La Concha, un reconocido hotel de la capital.
En Barrio Obrero, cuenta Rodríguez, durante sus intervenciones las autoridades han derribado puertas de casas de “gente humilde”, aunque ICE le dijo a BBC Mundo en una declaración escrita que ninguno de sus agentes “ha reportado puertas forzadas para hacer alguna entrada”.
“Ahora la gente no se atreve salir a trabajar, eso crea una crisis humanitaria y de derechos humanos. Hay personas que están pasando hambre encerradas en sus casas. Además, no pueden enviar dinero a sus familiares en República Dominicana. Eso crea una reacción en cadena”, sostiene Rodríguez.
