RedacciónSanto Domingo.-El acuerdo judicial suscrito entre a Fiscalia del Distrito Nacional y el imputado regidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Cruz, procesado por falsificar y comercializar medicamentos, en el que se devuelven 67 millones de pesos y se le concede la prisión domiciliaria, es una muestra del conciliábulo que existe en la política, el populismo y el clientelismo.
Así lo manifestaron, el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia (FINJUS) y Antonio Ramos, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), durante su participación en el Tercer Foro Objetivo País, en el panel “La Practica Política y su Impacto en el Clima de Negocio e Inversión“.
“Un falsificador de medicamentos es mucho más peligroso que un sicario”, agregando que ese caso, ese acuerdo, es una muestra de cómo la política lo controla todo y de que tenemos un modelo político muy complicado, que se fundamenta sobre la base de la miseria y la ignorancia”, dijo Castaños Guzmán.
Sostuvo que “Ese caso es muy penoso y es el reflejo de cómo los negocios se ligan y se disfrazan con el ejercicio de la política. Cuando tú analiza el expediente, en el que la fiscal hizo un trabajo extraordinario, que si no llegaba a ese acuerdo, el caso se le caía, porque el único sector que no cooperó con ella, fue el Estado”.
Expresó que a las instituciones a las que este señor (el regidor), le vendía los medicamentos falsos en el Estado, esto es Salud Pública, le dieron una certificación de que él nunca le había vendido medicamentos falsos al Estado y así es que opera el asunto
En tanto que Ramos opinó que “Esos son los debates que el sector privado tenemos a día y se seguimos caminando hacia adelante, de repente vemos surgir empresas, como una reciente, la del regidor del Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC), José Cruz, el falsificador de medicamentos, quien le vendía medicamentos al sector público, medicamentos falsos y estamos devolviéndole todo lo que tenía que ver con su falta, pero todo esos ingresos venían de ahí”.
Apuntó que en esos casos, no se toman decisiones de Estado, porque no se quieren asumir responsabilidades que puedan afectar la popularidad del Gobierno, destacando que esa es una expresión del populismo dominicano que viene afectando la instituciones, las empresas y a toda la sociedad en su conjunto y que es en el sector comercial donde más fácil se puede ver ese fenómeno
Asimismo, Ramos se quejó de que el país está lleno de leyes que prohíben y que permiten cosas y que muchas no se ejercen ni se aplican por los distintos gobiernos, por el simple de hecho de no querer echarse la población en contra
“Una Ley 472-73, una ley tan sencilla, que prohíben la importancia de ropas usadas, las denominadas pacas y que el país entero está lleno de ese tipo de negocios que venden esas indumentarias”, reseñó.
“Cualquiera creería que son personas pequeñas que están detrás de ese negocio, pero que al 2012 se comprobó que el 80 por ciento de ese tipo de negocios lo manejaba una sola empresa, vinculada al sector político y uno se pregunta: y por qué se permitente eso”, comentó Ramos.
Reseñó que: “si seguimos caminando, empresa por empresa, veremos de cómo esa relación, entre el sector público y el sector privado, como va cambiando y va moviendo todos los días personas del sector publico metiéndose en la empresa privada y desarrollando sus negocios alrededor de esta relación, una cosa que nosotros todos debemos preocuparnos”.
El evento en el hablaron Castaño Guzmán y el dirigente empresarial, se efectuó en el Salón Anacaona del hotel Jaragua, organizado por la Cámara Americana de Comercio.
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