Bienvenido Carmona JREl gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó que presentó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de la isla un borrador de presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019, en el que destaca una reducción del 6 % del gasto operacional respecto al periodo pasado.
La JSF es una entidad que estableció Promesa, ley aprobada por el Congreso en Washington bajo la administración de Barack Obama para abordar el asunto de una deuda impagable de la isla, que sobrepasa los 70.000 millones de dólares.
El presupuesto total, según explicó hoy Rosselló en un comunicado de prensa, será de 8.786 millones de dólares, que suma responsabilidades adicionales como el pago de las pensiones y reservas.
El presupuesto enviado a la junta fiscal, agregó Rosselló, destina unos 6.998 millones para el gasto operacional del Gobierno, un 6 % menos comparado con el pasado año fiscal y menor al presupuesto de la Administración del pasado gobernador, Alejandro García Padilla, de 8.987 millones.
“Con eficiencia y sin eliminar servicios esenciales, hemos logrado reducir casi una cuarta parte del gasto operacional del Gobierno para ajustar nuestra realidad fiscal a los retos de Puerto Rico“, afirmó Rosselló.
“El documento que hoy presentamos es el resultado de un trabajo responsable y al que podemos llegar dada la disciplina fiscal y las acciones de sana administración que hemos tomado”, añadió el gobernador.
El jefe del Ejecutivo indicó que los documentos que componen dicho borrador reflejan el impacto positivo de varias medidas de política pública que adoptó su Administración.
Entre estas medidas se incluyen la Reforma Contributiva, la reducción del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) “Business to Business” y sobre los alimentos preparados, el crédito por trabajo y el Programa de Transición Voluntaria, con el fin de levantar la economía local.
El borrador del presupuesto recomendado incluye una partida de 2.223 millones de dólares para el pago de las pensiones de los jubilados, a quienes antes se le pagaban de los fideicomisos de los Sistemas de Retiro, explicó Rosselló.
Esta partida supone tres veces más el pago de 660 millones que en promedio pagaba la pasada administración a los Sistemas de Retiro.
De igual forma, se proponen 130 millones de dólares para mantener los niveles de liquidez que el Gobierno necesita para no interrumpir servicios y pagos a proveedores.
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