RedacciónEl Ministerio Público y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron el primer simposio de Justicia Restaurativa: “Transformando el Sistema Penal Juvenil”, con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas e iniciativas innovadoras locales, nacionales y regionales en materia de justicia juvenil restaurativa.
También para promover el diálogo y ver la posibilidad de adaptación a las leyes dominicanas en esta materia.
El acto de apertura del encuentro estuvo encabezado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; la oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Pura Hernández; el ministro de Educación, Andrés Navarro; la coordinadora general de Cooperación Española, Ana Álvarez, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), Eduardo Gallardo.
Las instituciones señalan en un comunicado de prensa, que la justicia restaurativa contiene un enfoque que permite restituir los derechos de los victimarios, al enfocarse en la reeducación a través de las medidas socioeducativas, y de las víctimas al permitir que se escuchen sus voces, ya que ofrece los espacios para la búsqueda de acuerdos.
Señalan que desde esa perspectiva restauradora, la justicia se centra en delitos menores y se basa en la aplicación de medidas socioeducativas, alternas, restaurativas y terapéuticas e intenta evitar en la mayor medida la privación de libertad.
Al pronunciar un discurso durante la apertura, Jean Rodríguez, procurador general de la República, dijo que trabajan arduamente para hacer más efectivo el sistema penal juvenil, mediante un Plan de Humanización y la justicia restaurativa que procura la reparación del daño a las víctimas y la aplicación de sanciones eficaces a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
“Desde el Ministerio Público estamos realizando una profunda reforma al sistema de atención a jóvenes en conflicto con la ley, y en esa meta estamos dando pasos importantes para mejorar los procesos judiciales, procurando además sanciones alternativas como los trabajos comunitarios y el acceso a programas de educación y otras actividades que favorezcan la no reincidencia en el delito”, expuso.
Agregó: “con más de 500 jóvenes privados de libertad en la República Dominicana actualmente, los actores del sistema penal juvenil tenemos una gran oportunidad para inclinar la balanza hacia la reinserción y rehabilitación de estos adolescentes. Por esta razón, el Programa de Atención Integral y Reinserción que se encuentra en desarrollo, está dirigido a humanizar los procesos sancionadores de este segmento de la población, con miras a una justicia más conciliadora y comunitaria”.
Precisó que en cumplimiento de esa misión, la Dirección de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría, en coordinación con la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Dinai), ha puesto en marcha una serie de acciones claves, que incluyen un proyecto de remozamiento de las instalaciones de los centros donde se encuentran internos los adolescentes, para crear las condiciones que fomenten su rehabilitación y reinserción.
El comunicado destaca que la PGR cuenta con una Dirección Nacional de Atención Integral de la persona adolescente en conflicto con la Ley Penal, que a su vez dispone de una Unidad Coordinadora de Sanciones Alternativas, cuya función es el Control y Ejecución de las Sanciones o Medidas Alternativas impuestas a los adolescentes por los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes del país.
En ese sentido, señaló que dicha unidad maneja una población de 900 adolescentes. Detalló que en el período enero 2016 hasta abril 2018, según consta en informe de esa unidad, un total de 416 jóvenes han recibido sanciones alternativas, de los cuales 222 adolescentes son de sexo masculino de 16 a 17 años de edad.
Indicó que de los 416 casos, la tipificación más común son robo agravado que registra 117 casos, drogas 108, golpes y heridas 57, violación sexual 57 y robo simple 34.
Con relación al simposio, que tuvo lugar en un hotel de la capital, se informó que durante el desarrollo del mismo fueron realizadas sesiones sobre qué es la justicia restaurativa, ámbito de aplicación y buenas prácticas a cargo de Esther Agelán Casasnovas, de la Suprema Corte de Justicia; Víctor Herrero, de la Fundación Tierra de Hombres (en Perú), y Adriana Ramírez Cover, del Poder Judicial de Costa Rica.
También, sobre el Panorama Nacional: Acciones y Desafíos, con intervenciones a cargo de Eduardo Gallardo, representante adjunto de Unicef; la magistrada Kenya Romero, del Poder Judicial, y Sheilly Núñez, de la Procuraduría General de la República,
Asimismo, sobre la coordinación interinstitucional y las alianzas para lograr objetivos, facilitada por Alberto Padilla, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); Zoila Roa, de la Procuraduría General de la República; Yvelisse Reyes, de Alerta Joven, y Francesco Padovani, del Proyecto Esperanza.
El evento se enmarca en el proyecto “Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a la Niñez, Adolescencia y Juventud en los países del SICA” (Prevjuve), iniciativa de PNUD, Cooperación Española y SICA, que busca fomentar la generación, intercambio, sistematización, cooperación sur-sur, triangular y adaptación de buenas prácticas y abordajes creativos e innovadores a la reducción de la violencia e inseguridad ciudadana, con énfasis en los grupos vulnerables, como alternativa a los abordajes e intervenciones actuales.
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