Julio César De la Rosa Tiburcio.

ADOCCO y Fundación Justicia acusan al PNUD de auspiciar la corrupción en la administración pública

FUENTE EXTERNA

(Notas enviadas a este medio)

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, auspicia la corrupción en las instituciones del Estado, con las que ha firmado convenios para su desarrollo institucional, asumiendo el organismo especializado de la Naciones Unidas, las funciones de compras y contrataciones de bienes y servicios, el reclutamiento de recursos humanos, el control interno y externo, así como la construcción de obras de infraestructura, constituyendo esa práctica, una delegación de funciones, por parte de los responsables de los entes públicos, entre los que se encuentran: el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el ministerio de Interior y Policía, el ministerio de Turismo, ministerio de la Presidencia, ministerio Administrativo de la Presidencia, ministerio de Educación y el Defensor del Pueblo.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil, dijo que luego de advertir la irregular práctica, en el año 2020, formularon una opinión consultiva a la entonces directora del órgano rector de las compras públicas Dra. Yokasta Guzmán, sobre si era conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, respondiendo, que las responsabilidades otorgadas por la Ley a los servidores, no pueden ser delegadas a terceros, que en este caso es el PNUD, cuya misión debería circunscribirse al acompañamiento técnico, conforme lo establecido en el convenio firmado entre el Estado dominicano y la agencia multilateral, en el año 1974.

En los mismos términos se expresó el actual director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, quien emitió una resolución, donde reiteraba a los órganos públicos, donde se establece que son indelegables, las atribuciones de las compras públicas, dispuestas por la ley y le insta, a que se dejarán sin efectos esos contratos con el PNUD.

La práctica no se ha limitado a delegar las compras públicas, contratación de recursos humanos, lo que ha sido utilizado para el manejo de nóminas secretas a través de las que se manejan millones de pesos, la realización de auditorías y supervisión de obras, también han llegado a convenir construcciones de obras de infraestructura, como es el caso de la construcción del local del Defensor del Pueblo, con recursos propios del órgano constitucional.

Eso significa que la Cámara de Cuentas, Compras y Contrataciones Públicas, el ministerio de la Administración Pública y el ministerio de Obras Públicas, no tienen cómo realizar sus labores, ante las instituciones que han optado por convenir con el PNUD, actividades que no forman parte de su naturaleza como agencia internacional, que debe limitarse a un acompañamiento técnico, por lo que no debería mediar el manejo de recursos millonarios como viene ocurriendo en los actuales momentos.

“Si por alguna razón una persona física o jurídica se ve afectada por las actuaciones de una de estas entidades vinculadas al PNUD, no puede recurrir antes las instancias correspondientes, ya que por tratarse de una entidad sujeta al derecho internacional, cualquier reclamo debe canalizarse vía cancillería, ejemplo si se desarrolla un proceso de licitación y una empresa dominicana que participa y se sienta afectada, y recurre ante ese organismo, remite el caso a cancillería.

JUSTICIA Y TRANSPARENCIA ARREMETE CONTRA EL PNUD

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió al coordinador residente de Naciones Unidas en el país, su urgente intervención, en lo que se ha constituido en una ilegal e inconstitucional práctica por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), al suplantar los organismos oficiales e institucionales, para las compras públicas, todo al margen de la ley y fuera de los controles y leyes de transparencia de la República Dominicana.

La entidad cívica incluso había valorado en otras oportunidades el acompañamiento, la veeduría y la asistencia técnica, que creíamos venía dando el PNUD en el país a diversas instituciones públicas, bajo el entendido de que en modo alguno asumían por completo las funciones de compra y contracciones, lo cual se aparta de sus fines, desnaturalizando y prostituyendo su esencia y propósitos, como organismo internacional del sistema de naciones unidas.

Hoy alarmados y preocupados nos enteramos de que el PNUD, en esta labor no técnica, sino más bien de órgano asesor y ejecutor de los procesos de compras y contrataciones en instituciones estatales, estaría recibiendo miles y miles de millones de pesos, todos los años, por los negocios que lleva a cabo, preponderantemente con instituciones, como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación, entre otras, desarrollando una práctica de ilegalidad e inconstitucionalidad, con la agravante de que el PNUD opera bajo el abrigo y complicidad, precisamente de las instituciones que están llamada a proteger las leyes y la constitución.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, deploró que el PNUD, un organismo internacional, de tanta tradición y prestigio, se haya convertido en una estructura de negocio y recaudación, alejándose de ese apoyo y asesoramiento técnico que brindaba a los países fuera del interés mercurial, por ello resulta perturbador que solo en el 2020, hayan recibido del Estado Dominicano, más de 13 mil millones de pesos, ello reiteramos al margen de las leyes y reglamentos que rigen la materia; además de quedar fuera del control y escrutinio de los órganos públicos, sobre transparencia y fiscalización.

Trajano Potentini.

Potentini recordó que el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, se ha pronunciado de forma contundente, incluso mediante resolución del órgano que dirige, al establecer que se trata de una práctica ilegal y violatoria a la ley 340-06. sobre compras y contrataciones de bienes y servicios con el estado, resolución que esperamos sea acogida debe ser acogida por los ministerios Administrativo de la presidencia, educación, Turismo e Interior y Policía; el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Tribunal Constitucional y Poder Judicial.

Finalmente, Justicia y Transparencia, anunció que pondrá en mora a todas las instituciones estatales que aún persisten en esa ilegal práctica, para que desistan y se encaminen por la legalidad, empoderando a sus respectivos departamentos de compras, asimismo la FJT hace un llamado, particularmente a Milton Ray Guevara, iniciador de esta pecaminosa modalidad en el país, a Luis Henri Molina y Roberto Fulcar, para que pongan el ejemplo y se aparten de seguir protegiendo y cultivando esta ilegalidad.

El Motín

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