El MotínPor Juan López
La vecina república de Haití, desde hace décadas, padece una profunda crisis económica, social, sanitaria y política que su actual gobierno no manifiesta capacidad para superarla. Por el contrario, esa crisis incrementa las condiciones para que Haití siga siendo el país más pobre del hemisferio occidental.
La ingobernabilidad y el caos social empeoran la inestabilidad política, la ausencia de institucionalidad y de respeto a la constitución y sus leyes proyectan que Haití es un auténtico Estado fallido.
El régimen político haitiano es parlamentario. Sin embargo, tienen más de un año sin congreso. El primer ministro es de facto y el presidente Jovenel Moise “gobierna” por decretos, en franca violación de la constitución.
No obstante los múltiples reclamos de la comunidad internacional (ONU, OEA, EE.UU. Canadá, Unión Europea y ONGs de varios países) y las frecuentes protestas y exigencias de los partidos de oposición, el presidente Moise se resiste a crear las condiciones políticas apropiadas para convocar elecciones legislativas.
Recientemente, por la presión interna e internacional, procedió a designar a los integrantes del Consejo Electoral Provisional para sustituir a los miembros que, hace nueve meses, habían renunciado.
Esa ingobernabilidad política es, obviamente, complementada con frecuentes acciones callejeras violentas, asesinatos, secuestros que incrementan la inseguridad ciudadana, alejan las inversiones de capital extranjero, la visita de turistas e inclusive de ayudas humanitarias internacionales.
Huyendo a ese indetenible deterioro de las condiciones de vida, al creciente desempleo, la pobreza e inseguridad, el éxodo de los haitianos aptos para el trabajo aumenta cada vez más. Diariamente tratan de llegar a la R. Dominicana (RD) y, corriendo mayores riesgos, emigran hacia otros países latinoamericanos.
La situación por la que atraviesa el pueblo haitiano, realmente, es lastimera y requiere del diálogo franco entre el liderazgo político, de la sociedad civil y el gobierno, más la sincera acción de la comunidad internacional para ir en auxilio del pueblo haitiano que, se ha demostrado, por sí solo no puede encontrar salidas a sus acuciantes crisis.
Ante esa insoslayable y objetiva realidad, en la RD debemos valorar que: a) Haití es nuestro segundo socio comercial. Consumen en grandes volúmenes la producción RD. b) Sus penurias y el derecho a la vida son las condiciones que los empujan hacia la RD, sin documentos e ilegalmente, lo cual impacta en nuestra economía informal y afecta otros componentes importantes de nuestra sociedad.
Por lo tanto, aun cuando en la RD no existen condiciones ni capacidad para aportar, por sí sola, soluciones a las crisis de Haití, no podemos ser indiferentes ni cruzarnos de brazos. Por eso debemos:
Rechazar, con firmeza, la reiterada provocación de la ACNUR (Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) que, en su hipócrita e infundado reclamo sobre la supuesta existencia de haitianos apátridas en la RD, incrementa los prejuicios y distanciamiento entre importantes sectores sociales de ambas naciones.
Aumentar las gestiones para realizar una campaña internacional bien orquestada para que el gobierno, el empresariado, la élite intelectual, grupos religiosos y los partidos de oposición de Haití, inicien diálogos y negociaciones que les permita retornar a la legalidad y restaurar la institucionalidad y gobernabilidad democrática de su país.
La RD debe arrimar sus hombros a las grandes potencias, en especial a EE.UU., Canadá y Unión Europea para acudir, sin demagogias ni exhibicionismos, en rápida colaboración económica a los fines de coadyuvar con la industria y el comercio para propiciar la creación de fuentes de empleos para los haitianos.
Ante la crisis de Haití, urge actuar ahora para evitar una catástrofe humanitaria. ¡Dejarlo para mañana podría ser tarde y muy lamentable!
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