La continuidad de Estado y la salud

POR ALBERTO QUEZADA

Uno de los grandes  problemas que como sociedad  históricamente  hemos arrastrado es el desprecio o la mala maña de nuestros  gobernantes y funcionarios dominicanos  de  no tener  claro  la importancia de la continuidad de Estado para lograr el desarrollo definitivo del país.

Es reiterativo  desde la apertura de la vida democrática  de la nación  a la fecha, ver  a los distintos gobernantes de la mayoría de los partidos políticos del sistema reproducir  la mala práctica de abandonar  los planes, programas y obras civiles iniciadas por sus antecesores.  

Este comportamiento, sin dudas,  le hace y le ha hecho mucho daño al desarrollo institucional, económico, político y social de la República Dominicana, al punto que nos hace ver  ante los ojos de los demás como una República débil institucionalmente e incapaz de despojarse  de ese malvado lastre típico del subdesarrollo.

Es vergonzoso ver como planes, programas e iniciativas de un inmenso impacto social en el ámbito de la salud, como por ejemplo, la instalación y puesta en marcha del  sistema de los Centros de Atención Primaria (CAP) no se le haya puesto fin a su ejecución.

Esa interesante  estrategia  de prevención sanitaria tiene más de dos décadas  que se anunció y se plasmó como una prioridad y esta es la fecha que el país  aún no ha terminado de articular algo tan importante para gente  en cada una de sus demarcaciones.

 Y que no me vengan con la solfa de que este es un país pobre, en vía de desarrollo, con un presupuesto limitado, porque en este caso  ese no ha sido el problema  ya que  los bancos de financiamiento internacional como el  Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) han abierto líneas de crédito desde año 2008 para ejecutarlo.

No sé qué ha pasado con esos financiamientos, si ejecutaron o se perdieron; lo cierto es que con la aparición de esta pandemia Covid-19 he extrañado esas infraestructuras  y me he preguntado ¿Por qué rayos no constitucionalizamos la figura de la Continuidad  de Estado?.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo. Quezada. Alberto 218@gmail.com