FJT califica 2020 como el año del descalabro judicial

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), tras presentar su tradicional balance, cada 7 de enero, en ocasión del día del Poder Judicial, sobre el desempeño del sector justicia, calificó el recién concluido 2020, como el año del descalabro judicial, el peor año que registra la historia de la justicia dominicana.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Pontetini lamentó que al 2021, el Poder Judicial siga siendo considerado como la cenicienta, el más débil y vulnerable de todos los poderes formales y constitucionales del Estado, traduciéndose su mayor escollo o debilidad, en la falta de recursos y presupuesto que garanticen su operatividad y real independencia, además de los cuestionamientos, múltiples conflictos internos y la perturbaciones en que ha devenido el proceso acelerado de la virtualización de la justicia en tiempos de pandemia.

El balance de la FJT, lamenta el círculo vicioso que mantiene la justicia dominicana, donde los males pasados siguen latentes, con la agravante de que se van adicionando otros, destacándose la creciente percepción de descrédito y baja valoración, que hoy día tienen los ciudadanos del Poder Judicial, la falta de tribunales, sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial, la mora judicial en los tribunales inferiores, y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia, con retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del acceso a la justicia.

Conflictos internos

De acuerdo con Pontetini a todo esto, se suman el impacto del coronavirus y el deficiente manejo dado por la actual gestión del Poder Judicial, que encabeza Luis Henri Molina, con la irracional y casi generalizada virtualidad de la justicia; además de los problemas internos y cuestionamientos de los propios jueces de la suprema, con votos disidentes y hasta enfrentamientos públicos, (Casos de los magistrados Napoleón Estévez y Herrera Carbuccia), también se suma el acontecimiento sin precedentes del querellamiento penal, del miembro del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, en contra del juez presidente Molina, con acusaciones de mucha gravedad y perturbación.

Otro conflicto en curso de la actual gestión de Molina, lo son los constantes y agrios enfrentamientos con el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), cuyos directivos les han declarado una guerra sin cuartel, por las reivindicaciones de la clase jurídica, hoy impactada y desasistida en medio de la pandemia, los abogados encabezados por su presidente Surun Hernández, vienen realizando marchas y protestas en toda la geografía nacional, incluso hoy día frente a la Suprema Corte de Justicia y en medio de la celebración del día del Poder Judicial, evidentemente que esto viene a erosionar aún más la ya desacreditada justicia.

Escollos

La entidad de sociedad civil afirma que el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos; quienes hoy día se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad.

Asimismo, la FJT ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero con los contratos e hipotecas, entre otros servicios de la jurisdicción inmobiliaria y de estamentos también pertenecientes al Poder Judicial, hoy con un acceso muy limitados para los ciudadanos y usuarios que gestionan alguna operación comercial.

En tal sentido, no solo atañe al derecho al trabajo, que les asiste a los abogados, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima adecuado de facilidades, en la actualidad ausente, y más grave aún, todo ello sin contar con la indispensable intermediación de la justicia y el profesional del derecho, incluyendo abogados, notarios, alguaciles y otros.