RedacciónLa Fundación Justicia y Transparencia (FJT) demandó de mayor presupuesto e independencia para el sector justicia, y aseguró que la falta de recursos e independencia real, siguen siendo, entre otras dificultades, el «talón de Aquiles» de la administración de justicia,
Dijo que las dificultades van en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
Justicia y Transparencia lamentó que al 2020, pese a todos los retos y las altas responsabilidades institucionales que tiene el Poder Judicial, a este se le siga considerando como la cenicienta, el más débil y vulnerable de todos los poderes formales y constitucionales del Estado, esto así fundamentalmente, por los males estructurales que suponen su sumisión presupuestaria y la escasa independencia de que goza en su accionar operativo y administrativo.
En un balance presentado por la FJT, sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial durante todo el año 2019, la entidad cívica resaltó como aspectos negativos la creciente percepción de descrédito y baja valoración, la falta de tribunales y personal administrativo, la necesidad de una ley que castigue y persiga la prevaricación, un presupuesto deficiente, la mora judicial aun presente en todos los estamentos judiciales.
Agregó que hay retrasos promedios de hasta 10 años, afectando la seguridad jurídica y hasta la propia democracia, poniendo de paso en cuestionamiento el estado de derecho, además de conculcar el derecho fundamental del acceso a la justicia.
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia, calificó como preocupante de que año tras, persistan en la administración de justicia los mismos problemas, encontrándonos en una especie de circulo vicioso, con avances solamente virtuales y retóricos, los cuales solo retratan proyecciones y deseos, muy lejos de concretarse.
El diagnóstico de la fundación, aun cuando concluye en que la justicia dominicana, va de mal en peor, no obstante, reconoce como elemento positivo, la renovación en el 2019, de la actual Suprema Corte de Justicia, inyectando sangre nueva, y en particular la capacidad gerencial y vinculación con el sistema judicial, del presidente del Poder Judicial, Luis Henri Molina, de quien se advierten grandes esfuerzos y acciones orientadas a mejorar la administración de justicia, iniciativas destinadas al fracaso, sino se cuenta, en definitiva con la logística y recursos para afrontar las reformas.
Reforma de los códigos napoleónicos aún vigentes en el país, y urgencia en particular de un nuevo Código Penal
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el urgente cambio de los antiquísimos códigos napoleónicos (código penal, civil, procesal civil y de comercio), aprobados en 1884, ósea con una vigencia de más de 135 códigos.
Se recuerda que desde el final de la década de los 90, el Poder Ejecutivo por decreto constituyó comisiones para la adecuación y cambios de los códigos, pese a que descansan en el congreso por 20 años los proyectos de reforma, solo se ha logrado aprobar el Código Procesal Penal, quedando, sobre todo, desfasado el sistema de persecución penal, por la falta de un nuevo código penal acorde con los nuevos tiempos.
