El MotínPor Danilo Cruz Pichardo
El país requiere de un Código Penal, porque el vigente es de la época de Trujillo. No está en consonancia con una sociedad que se ha transformado en todos los órdenes y demanda de una normativa jurídica que comprenda las modalidades delictuosas de las últimas 6 décadas. Vergonzosamente el proyecto de un nuevo código se encuentra en el Congreso Nacional desde hace más de 25 años y todo indica que los intereses políticos y económicos impiden su aprobación.
Luis Abinader, presidente de la República y quien controla al Poder Legislativo, prometió, antes y después de arribar a la jefatura del Estado, que dotaría a los dominicanos de un nuevo Código Penal, pero su mandato se agota, se pierde la esperanza, al tiempo que con extrema rapidez motiva a sus legisladores a que aprueben leyes innecesarias e inclusive leoninas al interés nacional.
Un ejemplo está en la Ley de Fideicomiso Público, la cual se aprobó al vapor, sin que Abinader haya convencido a un solo dominicano sobre su necesidad. Además, esa ley contiene unos diez artículos que ameritan modificación, porque las reglas son ambiguas, posiblemente de forma deliberada.
Ya antes se había aprobado el Fideicomiso de Pedernales, para el “progreso” de esa provincia. Nadie se opone al desarrollo de esa demarcación (y en efecto podría dinamizarse su economía), pero ¿el Estado ofrecería la misma oportunidad a todos los interesados en que les levanten obras turísticas, conforme al concepto de igualdad establecido en el Art. 39 de la Constitución? ¿Se harían concursos públicos para la concesión de tierras playeras, préstamos y otras tantas facilidades? ¡Nada!
Esas tierras están asignadas, conforme a informaciones que se conocen, desde la campaña electoral. Y esas inversiones que haría el Estado tienen nombres y apellidos también desde la campaña electoral. Se trata de regalar patrimonios que nos pertenecen a todos. Esas leyes son leoninas.
De igual forma, el presidente Abinader sometió un proyecto de ley sobre trata de personas y facilidades para migrantes, que es un mandato de Estados Unidos y organismos internacionales, que han actuado de forma irresponsable en torno al caso haitiano y procuran que carguemos con la tragedia del vecino país. Tuvo la población que levantarse contra ese despropósito para que el jefe de Estado (al que los lisonjeros pagados le atribuyen “escuchar”) retire la pieza legislativa.
En territorio dominicano albergamos a cerca de dos millones de nacionales haitianos, pese a que tenemos nuestros problemas propios, como pobreza, desempleo y déficits en educación y salud, inflación e inseguridad ciudadana, entre otros. ¿Qué más podemos hacer por Haití?
Ante la superpoblación de ilegales, lo que procede es la aplicación de la Ley 285-04. Si no se toman las medidas correspondientes nos exponemos a una futura confrontación e inclusive a la pérdida de nuestra soberanía. En un momento las autoridades de la Dirección de Migración hicieron un aguaje, pero Estados Unidos se molestó y se dio marcha atrás. Por presión similar el levantamiento de la verja fronteriza fue detenido, aunque hay quienes sostienen, con sobrada razón, que el problema mayor está en la mafia militar en la frontera domínica-haitiana.
Si la mafia militar es grande (todos los militares salen millonarios), el súper negocio está en los consulados dominicanos en Haití. A todo al que un presidente quiere hacer rico solo tiene que emitirle un decreto designándole cónsul en Haití. Y se dice que el de Puerto Príncipe es una mina y todos salen millonarios en dólares.
Adicionalmente a los elementos causales expuestos más arriba, en torno al éxodo de nacionales haitianos hacia territorio dominicano, no se puede liberar de culpa al empresariado dominicano, que prefiere manos de obra de nuestros vecinos, al ofrecer miserables pagos y sin dotar de ningún tipo de seguridad social, a tal extremo que un obrero se accidenta y se mata y nada pasa.
El empresariado se resiste a pagar salarios justos a trabajadores dominicanos y sigue optando por ilegales extranjeros, de manera que el éxodo de haitianos es un problema multifactorial, el cual se ha agudizado en el “gobierno del cambio”, cuyo presidente, empresario también, estimula una situación que perjudica a nuestra población.
Naturalmente, la conducta del jefe de Estado tiene su costo político. Y nunca antes, en lo que lleva al frente de los asuntos públicos, su imagen se había visto tan deteriorada, lo que lleva preocupación a los estrategas gubernamentales, los cuales barajan planes con la finalidad de revertir el fuerte revés que acaba de recibir Luis Abinader, al retirar el impopular proyecto de ley.
Mientras tanto al presidente se le aconseja continuar con la compra de alcaldes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, lo que podría sumar líderes municipales, pero es una situación que viene molestando cada vez más a las autoridades de esas dos organizaciones, lo que podría ser un serio inconveniente para el Gobierno ante un escenario de segunda vuelta. ¿Hacia dónde crecería?
Luis Abinader depositó optimismo reeleccionista en la inauguración de obras, pero algunos de los contratistas, los mismos que se sirvieron con la “cuchara grande” en el gobierno anterior, como son Manuel Estrella, Juan Ramón Gómez Díaz, entre otros, muestran retraso en la terminación y se cree que no estarían listas para la campaña electoral del año entrante.
En la agenda de Abinader está también la inclusión de artistas dominicanos famosos en la campaña de 2024. Es así como en estos momentos se procura ofertar candidaturas legislativas a los faranduleros Santiago Matías (Alofoke) y Tokischa Altagracia Peralta (Tokischa), los cuales podrían sumar votos de jóvenes descarriados, pero también encontrarían repulsa pública en sectores de clases media y alta. Posiblemente el rechazo de estos dos muchachos sería mayor al recibido por Roberto Ángeles Salcedo, al momento de ser elevado a la Comisión Ejecutiva del PRM sin haber pasado por escalera política alguna.
Lo que se percibe es que Abinader maneja al PRM como una empresa de su propiedad, sin importarle la arrabalización de que es objeto esa entidad. En política las medidas se estudian, inclusive mediante investigaciones de opinión se conocen posibles impactos, pero la desesperación en ocasiones no ofrece espacio a la ponderación y se cae de forma reiterativa en improvisaciones, las cuales han llevado al presidente a recular en múltiples oportunidades.
El escenario se torna cada vez menos favorable para un presidente que busca la reelección, sobre todo por la espiral inflacionaria que afecta a los productos de la canasta familiar, que seguirían subiendo de precio en los meses por venir, conforme al agravamiento de la crisis económica mundial. Así lo sostienen los expertos en materia económica.
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