El MotínPor Danilo Cruz Pichardo
El presidente Luis Abinader, mediante decreto, creó la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y de inmediato designó como presidente a Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, a pesar de los comentarios desfavorables que copan la redes sociales, por estar involucrado en la sobrevaluación de la construcción de la nueva cárcel La Victoria y el incumplimiento total del contrato San Souci.
Es decir, la nueva designación, en la oficina que le crearon, se hace contra viento y marea, sin importar lo que diga la gente. Esa oficina no solo operará proyectos de transporte, sino otros tantos campos en el marco de la denominada “Alianza Público-privada”, nombre que suena muy bonito, pero partiendo de la experiencia el Estado siempre lleva la de perder.
Apenas a horas de la emisión del decreto presidencial, donde se crea una nueva oficina con el claro propósito de colocar a Lisandro Macarrulla, autoridades de la Embajada Americana expresaron su preocupación por la corrupción pública en la República Dominicana, aunque no se ha podido establecer si se trata de un rechazo a esa oficina o es pura coincidencia.
La verdad es que las autoridades estadounidenses tenían meses que no se referían a la corrupción pública y a la impunidad en la República Dominicana. La última vez en referirse al tema fue para sugerir a las cámaras legislativas la aprobación de una ley de extinción de dominio, para decomisar o confiscar los bienes sustraídos del Estado por parte de los imputados en actos de corrupción.
En un país donde se ha reformado la Constitución de la República en cuestión de días, para determinados políticos poder optar por la reelección presidencial, resulta sospechoso que esa ley no se haya conocido en el Congreso Nacional. Lo que se dice es que muchos legisladores, inclusive por mandato de sus propias organizaciones, se oponen a esa pieza, porque sería “afilar cuchillo para su propia garganta”.
Los legisladores del PLD, de la Fuerza del Pueblo y muchos del propio PRM están en contra de esa ley, la cual también objeta sospechosamente el jurista Servio Tulio Castaños, el cual coincidentemente defiende a Lisandro Macarrulla.
Aunque el presidente Luis Abinader se ha pronunciado públicamente a favor de la aprobación de la ley de extinción de dominio, resulta extraño que en ninguno de los dos hemiciclos se haya colocado en agenda y enviada a comisión de estudio como pasos previos a su aprobación.
Al autor de este artículo le consta que el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido tajante con sus funcionarios en decir que “no tolera ni tolerará actos de corrupción pública en la presente administración”. Su comportamiento en torno a la transparencia lleva a inferir que se trata de un hombre bien intencionado.
Sin embargo, cuando Luis Abinader asumió compromisos con Lisandro Macarrulla, colocándolo como presidente del Gabinete Presidencial del PRM, por encima de compañeros que les han dedicado la vida a la democracia dominicana, no era puntero de las encuestas de opinión, ni siquiera era todavía candidato oficial de su organización política.
Luis solo pensaba en crecer, repuntar en los estudios de opinión y llegar a la Presidencia sin importar la forma. Es ahí, como si tratara de una guagua pública, donde permite que entren todos, incluyendo a narcotraficantes, riferos y empresarios inescrupulosos.
Mucho antes de que Abinader sea escogido candidato presidencial, el 6 de octubre de 2019, tenía un compromiso con Macarrulla. Compromiso hablado o escrito, pero compromiso al fin. ¿En qué consiste el compromiso? Todo el mundo sabe que los empresarios que invierten en política es para sacar ese dinero multiplicado del Estado. (Macarrulla fue el puente canalizador de recursos millonarios que ingresaron a la campaña de Luis Abinader).
Nadie es serio cien por ciento. Ciertas aspiraciones llevan a la comisión de errores que riñen con la ética. “Los valores morales se pierden sepultados por los económicos”, dijo José Luis López Aranguren.
Y hay compromisos que no se pueden soslayar, hay que honrarlos, aunque constituyan una carga pesada, que tendrán, tarde o temprano, un costo político de impredecibles consecuencias.
Los compromisos que tiene Luis Abinader con un poderoso grupo económico del Cibao, con Leonel Fernández y con Lisandro Macarrulla, que también es presidente del Gabinete de Electricidad y dueño de las tres cuartas partes del Gobierno, parece que está en la obligación de honrarlos, sin importar los escándalos, consecuencias políticas y hasta persecuciones judiciales futuras.
Desde el inicio del Gobierno se viene amagando con la privatización de empresas, sin exponer la necesidad y el beneficio de esas operaciones para el Estado. Ante el rechazo de la gente el presidente negó la versión, versión que el ministro de la Presidencia había propalado por medios electrónicos.
Esas operaciones enmarcadas en la funesta alianza público-privada ahora se envuelven, en papel de regalo, en la recién creada Oficina de Desarrollo de Proyectos, una forma de dar luz verde al poderoso ministro para hacer y deshacer, donde no se descarta que se hagan negocios tan ventajosos como el de San Souci.
Coincidentemente la creación de esa oficina se hace en momentos en que se designan a líderes de Marcha Verde en puestos públicos y muchos comunicadores que estuvieron en ese movimiento cívico exhiben un silencio sospechoso.
Agregar comentario