El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, admitió el miércoles que durante su campaña electoral de 2013 recibió fondos de empresas ligadas al peor escándalo de corrupción de las últimas dos décadas, aunque aseguró que desconocía el origen de los recursos.
Un desfalco de 200 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha sacudido a la empobrecida nación centroamericana, donde miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar mientras la oposición exige la renuncia del mandatario.
Hernández hizo esta revelación luego que las investigaciones indicaran que el IHSS realizó compras con sobreprecios a empresas existentes y otras creadas especialmente por funcionarios del propio organismo, dejando un rastro de cheques con los que se adquirieron costosas propiedades y autos de lujo.
«De esos recursos entiendo yo, por lo que me ha informado la gente de contabilidad del Partido Nacional, no sé si llega si acaso a los tres millones de lempiras (147.783 dólares)», dijo el mandatario conservador a periodistas, reconociendo que algunos de esos cheques acabaron en las arcas del partido.
«Yo, Juan Orlando, no tengo nada que ver (con el escándalo de corrupción en el IHSS)», enfatizó. Y agregó que su Gobierno está interesado en que el episodio se esclarezca y los responsables sean condenados.
Hace dos años, Hernández desplegó una multimillonaria campaña electoral con la que logró imponerse por estrecho margen a la candidata izquierdista Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, quien denunció fraude en el proceso.
El saqueo del IHSS, que tiene 1,6 millones de asegurados, se produjo entre 2010 y 2014, cuando el país era gobernado por Porfirio Lobo, del mismo Partido Nacional y cuyo hijo fue detenido recientemente en Haití acusado de narcotráfico.
Hasta el momento, el director del IHSS, Mario Zelaya, dos ex ministros y al menos otras dos personas están presos, mientras el resto de la junta directiva del organismo espera el juicio en libertad.
La oposición ha criticado la lentitud del Ministerio Público y cree que las investigaciones podrían implicar aún más al partido de Gobierno, justo cuando la Justicia abrió la puerta para modificar la Constitución y permitir la reelección presidencial en 2017.
«El presidente tiene que aclarar si está involucrado en ese monstruoso desfalco. Si está involucrado debe retirarse», dijo el ex mandatario Zelaya, derrocado en un golpe militar en 2009, tras marchar hasta el Congreso arropado por cientos de simpatizantes que coreaban «Fuera JOH» (Juan Orlando Hernández).
El fiscal Roberto Ramírez, principal investigador del caso, tuvo que abandonar Honduras la semana pasada tras recibir amenazas de muerte clasificadas por los servicios de inteligencia de «extraordinariamente altas» en uno de los países más peligrosos del planeta.
Sin embargo, analistas descartan que la estabilidad del gobierno esté en riesgo por el caso.
«No creo que con la admisión hecha por el presidente (…) el sistema judicial actúe en su contra y se ponga en peligro su estadía en el poder. Eso va depender de la presión popular en las calles», dijo el analista político Jorge Illescas.
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