El Motín¿Quién mató el Lava Jato? Ha sido la pregunta mantra esta semana en la que la operación anticorrupción más famosa de la historia de Brasil fue definitivamente enterrada. El martes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli anuló todas las sentencias anteriores del 13º Juzgado Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht, el empresario de la constructora homónima (hoy Novonor) que acabó en el centro de un escándalo de corrupción que afectó no sólo a Brasil, sino también a otros países latinoamericanos.
Por si fuera poco, Toffoli también ordenó el fin de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht.
Según el magistrado en el proceso realizado por los jueces de Curitiba que en 2014 con la operación Lava Jato destaparon la caja de Pandora de la corrupción en Brasil, habría surgido arbitrariedad en su conducción, falta de respeto al debido proceso, parcialidad y actuaciones fuera del ámbito de competencia.
“Teniendo en cuenta el contenido de los frecuentes diálogos entre el juez y el fiscal, tanto sobre Marcelo Odebrecht como sobre las empresas que presidía, es evidente la mezcla de la función de acusación con la de juzgamiento, lo que corroe los fundamentos del proceso penal democrático”, reza la sentencia del STF.
En su decisión, Toffoli hace referencia a una operación de la Policía Federal de 2019, Spoofing, en la que se investigó a un grupo de hackers que consiguió invadir un grupo de Telegram de los magistrados de Lava Jato y ceder el contenido de sus mensajes al periodista Glenn Greenwald que en 2019 los publicó en el sitio web The Intercept. El caso pasó a la historia como “Vaza Jato” (literalmente “fuga de chorro de agua), abriendo el espacio al comienzo del fin del Lava Jato.
Según Toffoli, estos mensajes revelaban comportamientos ilegales. El ex juez símbolo de la operación Sergio Moro, llamado a testificar en mayo de 2021, declaró que esos mensajes “fueron utilizados de forma sensacionalista para intentar interrumpir las investigaciones contra delitos de corrupción y anular las condenas de personas implicadas en delitos de corrupción”. Luego añadió que “todo lo que se hizo en el Lava Jato se hizo dentro de la ley”.
En 2019, tanto Toffoli como Odebrecht estuvieron en el centro de un reportaje de la revista Crusoé, según el cual los abogados del empresario, tras su detención, habían entregado a la Policía Federal un documento en el que se explicaba la identidad de algunos nombres en clave mencionados en correos electrónicos incautados en su ordenador que hacían referencia al pago de sobornos.
Según Crusoé, Dias Toffoli era identificado como “el amigo del amigo de mi padre”, en referencia al presidente Lula, entonces investigado en el Lava Jato, y al padre del empresario, Emilio Odebrecht, viejo amigo del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. Según Crusoé, el nombre en clave aparecía en un correo electrónico del 13 de julio de 2007 enviado por Marcelo Odebrecht a los ejecutivos Adriano Maia e Irineu Meireles en relación con un soborno para construir una central hidroeléctrica en Rondonia.
En la época, Toffoli era Procurador General de la Unión (AGU) en el segundo mandato presidencial de Lula. Posteriormente, el STF obligó Crusoé a retirar su reportaje, a petición del propio Toffoli, por considerarlo fake news, acusación que los periodistas de la revista rebatieron.
Cinco años después de la “Vaza Jato” y de la operación Spoofing, la prensa brasileña atacó la decisión de Toffoli. Según un editorial del diario O Estado de São Paulo lo suyo fue “revisionismo”. “Como la realidad fáctica es irrelevante para quienes se ocupan de acomodar la Historia en su agenda de conveniencia, el ministro Dias Toffoli no pareció avergonzado por el hecho de que Marcelo Odebrecht confesara haber cometido los crímenes por los que fue acusado, concretamente, el pago de sobornos a por lo menos 415 políticos de 26 partidos.
Dando una bofetada de lógica, el ministro mantuvo intacto el acuerdo de cooperación firmado por el empresario en relación con sus beneficios, pero dejó sin efecto sus obligaciones”.
El propio Toffoli había suspendido en febrero pasado la multa de 8.500 millones reales, 1.645 millones de dólares al cambio de hoy, que la antigua Odebrecht, hoy Novonor, debía pagar en el marco del acuerdo con los magistrados del Lava Jato.
También el martes causó discusión otro veredicto del STF, que reconoció la prescripción de una de las condenas de José “Zé” Dirceu, ex ministro de la Casa Civil de 2003 a 2005 en el primer mandato presidencial de Lula. Se trata de su condena por corrupción pasiva a 8 años y 10 meses de prisión en el juicio del Lava Jato, relacionado con sobornos por un contrato firmado entre Petrobras y la empresa Apolo Tubulars. Dirceu fue ex guerrillero durante la dictadura que luego huyó a la Cuba de Fidel Castro y su hijo, el diputado Zeca Dirceu, hoy es el líder del PT en la Cámara.
“Zé” Dirceu había sido condenado por el STF en 2012 por el delito de corrupción activa en el escándalo Mensalão que explotó en el primer gobierno de Lula (2002-2006), un gigantesco esquema de compra de apoyo de votos en el Congreso con fondos públicos. En 2016 había sido detenido por participar en el esquema conocido como Petrolão, el escándalo de corrupción del PT de Lula destapado por el Lava Jato.
Tras la decisión del STF de esta semana, ahora Dirceu se enfrenta a otra condena de 27 años de prisión, también en el contexto del Lava Jato, en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) por recibir sobornos de la constructora Engevix, hoy Nova Engevix que pertenece al grupo Nova Participações, como parte de la trama de sobornos de Petrobras. La defensa de Dirceu ya ha apelado. El ex ministro tiene otro proceso, siempre en el STJ, por una denuncia que le acusa de blanquear dinero de sobornos de Engevix mediante pagos a la empresa Entrelinhas Comunicacão LTDA.
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