RedacciónEl Tribunal Constitucional (TC) declaró en estado de fallo ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad en la audiencia pública realizada este viernes en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Cinco de estos atacaron artículos de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, y dos contra dos resoluciones emitidas por la Junta Central Electoral (JCE).
El organismo, encabezado por Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto en condición de presidente en funciones, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0014 en el que la Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA) atacó los artículos 131 y 132 de la indicada ley promulgada el 18 de febrero de 2019.
El TC también declaró en estado de fallo los expedientes TC-01-2019-0016, TC-01-2019-0017 y TC-01-2019-0018 en los que los accionantes Francisco del Rosario, Juan Bautista Castillo Peña, Bunel Ramírez Merán y Eduardo Anziani Zabala, entre otros, atacaron el artículo 104 del párrafo IV de la ley en cuestión.
Díaz Filpo informó, en nota de prensa, que conocerán con el fondo la solicitud de la Cámara de Diputados para que estos tres casos sean fusionados por atacar el mismo tema.
Asimismo, el órgano jurisdiccional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0019, que tuvo como accionantes a Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Juan Isidro Montás Francisco y Ruddy Bonaparte, quienes atacaron los artículos 92, párrafos V, VI, VII, VIII, IX; 104, párrafo IV; y 110, párrafos V y VI de la ley 15-19 y la resolución 01/2018, del 4 de junio, dictada por la JCE.
La misma decisión tomó la alta corte con los expedientes TC-01-2019-0020 y TC-01-2019-0021 en los que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Alfredo Ramírez Peguero atacaron la resolución 08/2019 del 7 de mayo y donde el Partido Demócrata Popular (PDP) participó como interviniente voluntario.
En otra decisión, el Constitucional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0015 en el que el Ministerio de la Mujer atacó el artículo 27 de la ley 1306-BIS, sobre divorcio, del 21 de mayo de 1937, modificado por la ley 3932 del 2 de septiembre de 1954.
