Amaurys FlorenzánCon el apoyo de los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a la reforma constitucional, que establece la reelección presidencial por dos periodos consecutivos, quedan evidenciadas las denuncias hechas por varios exdirigentes expulsados de esa entidad política, de que la cúpula perredeísta “coqueteaba” desde tiempo atrás un acuerdo con el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Desde el pasado 28 de enero, cuando las dos fracciones que se disputaban el control del PRD se enfrentaron en un bochornoso espectáculo en la casa nacional de esa organización, donde algunos se destrozaban y se lanzaban sillas, quedó sellada la división nuevamente de esa entidad política.
La situación conflictiva interna perredeísta se fue agravando con la iniciativa dirigida a expulsar a altos dirigentes que se oponían a la continuidad de Miguel Varga Maldonado como presidente del PRD, a quien acusaron en varias ocasiones de manera pública de responder a las líneas trazadas por el expresidente Leonel Fernández, y no apoyar al candidato presidencial de su partido.
La confrontación por el control del principal partido de oposición llegó hasta el Tribunal Superior Electoral (TSE), lugar donde también hubo enfrentamientos a puñetazos y balazos, por las decisiones de los magistrados a favor de la fracción que encabeza Vargas Maldonado.
La expulsión de Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez, entre otros, creó un ambiente tenso a lo interno del PRD, así como una distracción nacional, que solamente favoreció al Gobierno para sacar de los medios de comunicación los temas de la corrupción, impunidad, criminalidad, inseguridad ciudadana y los altos precios de los alimentos de la canasta familiar.
La base del PRD: ¿Sin voz, ni voto?
Las propuestas orientadas, a los fines de que fueran las bases del Partido Revolucionario Dominicano, quienes mediante un proceso de convención interna decidieran si continuaban o se renovara la dirigencia partidaria, que estatutariamente debió celebrarse en el 2013, nunca se tomaron en cuenta para resolver el conflicto.
Para la gran mayoría la convención era la única salida que tenía el PRD para que la base de esa entidad decidiera de manera democrática quienes deberían dirigirlo por los próximos cuatro años.
Sin duda alguna, el escenario promovido por el sector que encabeza Miguel Vargas, mediante la comisión de disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, introdujo un nuevo ingrediente político que perjudicó a esa organización y favoreció al gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, quien había dirigido los destinos de la nación, sin ningún tipo de oposición, hasta la conformación del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La percepción hecha realidad
El pasado 20 del presente año, el ingeniero Miguel Vargas aseguró en rueda de prensa en la casa nacional de esa entidad política, que legisladores del PRD no apoyarían la modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial por dos periodos consecutivos.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de los legisladores perredeístas pudiesen tomar la decisión y votar por la reforma, Vargas Maldonado dijo que el rechazo es la línea y si algún diputado lo incumpliera se tomarían medidas drásticas.
Miguel Vargas también expresó que de realizarse una modificación a la Constitución e instaurar nuevamente la reelección se daría un paso de retroceso a la institucionalidad del país: “La reelección solo es sinónimo de corrupción gubernamental, abuso de poder y desconocimiento del estado de derecho”, aseguró.
En tanto que el día primero de junio del presente año, unos 14 seguidores del dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara, calificaron de “traición a la memoria de Peña Gómez” el acuerdo que se avizoraba entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del Revolucionario Dominicano (PRD).
Para la mayoría de los dominicanos e instituciones de la sociedad civil el pacto firmado entre el PRD y PLD es un duro golpe a la democracia y al sistema de partidos políticos, debido a la repartición de los puestos congresionales y municipales sin ser elegidos por las bases partidarias, mediante elecciones internas.
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