Montás afirma solo plan de reformas devolverá estabilidad a Puerto Rico

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás dijo este miércoles que para enfrentar la crisis provocada por la deuda de Puerto Rico es necesario poner en práctica un plan de reformas que devuelvan la estabilidad económica a esa isla como se proponen las autoridades puertorriqueñas.

“La sostenibilidad de la deuda no es posible sin crecimiento y la única forma de retornar a un crecimiento positivo de la economía es embarcándose en un plan de reformas que permita hacer cambios en el aparato productivo y que le devuelva la confianza en el país a los inversionistas”, planteó Montás.

Al definir las características esenciales que debe contener el plan, el titular del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) dijo que “tiene que ser amplio, completo e integral, que abarque la consolidación fiscal, las reformas estructurales y los cambios institucionales que se requieran”.

Montás al intervenir en la conferencia “Crisis de Puerto Rico, causas, consecuencias y perspectivas”, que se celebró en la Biblioteca Nacional, Montás expresó que el manejo de la deuda no debe verse separado del crecimiento económico porque uno hace insostenible al otro y viceversa, por lo tanto ambos problemas deben ser tratados de manera conjunta, según una nota enviada a END.

El panel-conferencia fue auspiciado por el ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional con el objetivo de informar sobre la difícil situación que vive Puerto Rico y en un gesto de solidaridad abordar las particularidades de la crisis y aportar alternativas de solución.

Además de Montás, en la apertura del panel intervinieron el Director de la Biblioteca Nacional, Diomedes Polanco; el senador puertorriqueño Ángel de la Rosa, quien presentó la ponencia central; Rafael Juarbe, de la Oficina de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado de Puerto Rico; Juan de Dios Grullón, Cónsul dominicano en San Juan; Alejandro Arredondo, del Colegio de Economista Dominicano y Ernesto Selman, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenidas, entre otros.

Agregó que “soy de los que creen que abordar la reestructuración de la deuda de manera unilateral o en términos no amigables no es correcto porque  mermaría el acceso a financiamiento, el cual es necesario para llevar a cabo el plan para recuperar económicamente a Puerto Rico”.

Aseguró que para poder recuperar la confianza de los mercados, “todos estos aspectos tienen que ser tratados en un contexto institucional que garantice la mayor transparencia de la información del desempeño fiscal, de forma tal que los agentes económicos estén debidamente informados de las acciones y resultados de la política económica”.

Al exponer sobre la experiencia dominicana en el manejo de la crisis bancaria de 2003, Montás recordó que la recuperación se logró sobre la base de la ejecución de un programa económico que incluyó consolidación fiscal, nuevos requerimientos en el sistema bancario, reformas estructurales y cambios institucionales.

Indicó que “la ejecución de este programa nos permitió reestructurar amigablemente la deuda y sentó las bases para retornar a la ruta del crecimiento económico y restablecer el acceso a los mercados de capitales, para lograr un crecimiento de 6.5% anual en los últimos 10 años y la posibilidad de emitir deuda con vencimientos de hasta 30 años por primera vez en la historia del país”.

Descripción de la crisis y su contexto

Al describir la situación de Puerto Rico, Montás señaló que hoy enfrenta serias dificultades económicas que ya están impactando a la sociedad puertorriqueña en su conjunto y que si no son atendidas de manera adecuada tendrán repercusiones importantes y duraderas en países como la Republica Dominicana.

Indicó que una consecuencia inmediata para República Dominicana es la caída de las exportaciones en más de 200 millones de dólares en los últimos años.

Montás citó entre los factores contribuyentes para generar la crisis de Puerto Rico la eliminación del tratamiento preferencial impositivo de la Sección 936, tras lo cual el país presentó dificultades para mantener en el territorio a las grandes manufactureras norteamericanas, lo cual representó un golpe a la producción y al empleo.

“Lo anterior, junto a la crisis de principio de siglo en los Estados Unidos, la crisis del petróleo en 2008, la Gran Crisis del 2008-2009 en Estados Unidos y la caída de los bienes raíces en la isla, se combinaron para determinar el declive de la economía y un endeudamiento difícil de sostener”, manifestó Montás.

Agregó que durante más de una década, el bajo crecimiento económico, mayormente negativo, ha sido un factor que ha contribuido a elevar el desempleo. “En la medida en que los puertorriqueños no logran conseguir un empleo, emigran hacia los Estados Unidos, produciéndose entonces una reducción de la población general del país así como una caída de fuerza laboral”, puntualizó.

El funcionario dijo que los datos estadísticos dan cuenta que la tasa de participación de la fuerza laboral es menor al 40% en Puerto Rico frente al 62% en Estados Unidos.

Montás señaló que la calamitosa situación  económica ha contribuido a erosionar las finanzas públicas generándose déficits sostenidos que han tenido que financiarse con endeudamiento.

“Entre 2006 y el presente 2015, el endeudamiento de Puerto Rico se incrementó en un 64%, pasando de 43,500 millones de dólares en 2006 a 71,100 millones en el presente año. Esta última cifra representa más del 100% del  Producto Interno Bruto de Puerto Rico”, apuntó el Ministro.

Explicó que pese a esa situación,  Puerto Rico debe cumplir con el salario mínimo norteamericano que resulta alto para sus estándares, así como los planes de asistencia social, que a pesar de proteger a los ciudadanos se extienden tanto que crean desincentivos al trabajo formal, a lo que se agregan los altos costos de la energía, lo que erosiona la competitividad del país.

Recordó que Puerto Rico no puede acogerse a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos porque su estatus no es de Estado, por lo que en todo caso esa situación tendría que ser abordada por el Congreso de los Estados Unidos.

Redacción

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