El MotínRT
El hallazgo de un hueso perteneciente a uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la aprehensión de presuntos implicados en el crimen y la solicitud de extradición de funcionarios públicos que alteraron pruebas, son una muestra de que se ha roto el «pacto de silencio» que prevaleció durante varios años en torno a un caso emblemático que cimbró a México.
En esto coinciden tanto Omar García, uno de los jóvenes de Ayotzinapa sobrevivientes de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y el abogado Francisco Cox, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desmontó la llamada «verdad histórica» ofrecida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en torno al paradero de los jóvenes desaparecidos.
En entrevista con RT, García y Cox desmenuzan la trascendencia de que la Fiscalía General de la República confirmara el hallazgo de un resto óseo perteneciente a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos.
Un hecho que, junto a la detención del narcotraficante José Ángel Casarrubias Salgado ‘El Mochomo’, señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes, así como la solicitud de extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y quien se encuentra prófugo tras ser acusado de alterar la evidencia del caso Ayotzinapa, representan avances importantes para esclarecer un crimen de Estado que generó una oleada de indignación y protestas en México.
Romper el pacto de silencio
Francisco Cox fue parte del GIEI, un equipo de expertos independientes que expuso las contradicciones y la falta de evidencias sobre las que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto construyó la llamada «verdad histórica» sobre el caso.
Para él, los hallazgos anunciados por la actual FGR evidencian un cambio importante en la manera en que el Estado mexicano está atendiendo el caso.
«Es valioso porque se está investigando con evidencia y no declaraciones obtenidas bajo tortura. Es una luz de esperanza en que se puede dar respuesta a los familiares y víctimas, que sea una investigación sólida», señala Cox.
El experto considera que las detenciones recientes fueron claves para que las autoridades contaran con las nuevas pistas que condujeron a hallazgos, como el hueso perteneciente a Christian Rodríguez. La pieza ósea fue encontrada en la Barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, lugar donde el gobierno de Peña Nieto aseguró que criminales habían calcinado a los 43 normalistas desaparecidos, una versión que carece de evidencia científica.
«La importancia de investigar a quienes pueden haber ocultado, tergiversado o encubierto, es que eso puede romper los pactos de silencio», apunta el abogado chileno.
«Aquí ya hay una especie de primera ruptura de un pacto de silencio que permite llegar a este lugar. Se ve una voluntad distinta de investigar de manera amplia, sin prisa de cerrar el caso. La forma en que se rompen los pactos de silencio es con justicia», agrega.
El experto explica que el proceso de detenciones suele permitir que muchas personas, que habían guardado silencio por intereses o temor a represalias, se animen a aportar nuevos elementos para las indagatorias.
Asimismo, el abogado estima que la manera en que el Gobierno mexicano ha incluido a los familiares de las víctimas, durante el proceso de investigación, es otro de los aspectos que han permitido avanzar en la resolución del caso.
«Lo que refleja esto es que hay voluntad por parte de la Fiscalía y las autoridades. Y también el apoyo y la participación de los representantes de las víctimas en el proceso, lo que están dando evidencia es que aquí se están indagando todas las líneas de investigación».
Una «puertita» que apenas se abre
Para Omar García, uno de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que se encontraba en uno de los autobuses detenidos durante la noche en que desaparecieron los 43, el hallazgo del hueso de Christian es un acontecimiento de sentimientos encontrados.
«Para nosotros ha sido muy impactante en los dos sentidos. Por un lado, que se avanza y se destruye la versión oficial, y por otro, que al final podría significar que mis compañeros estén muertos todos», relata.
Aunque a Christian lo conoció «solo de vista», lo recuerda por su afición a la danza.
«Él vivía en otro pueblo, vivía en otro lugar. Estábamos conviviendo apenas mes y medio dentro de la escuela. Lo recuerdo porque iba al club de danza, claro, en los ensayos y con sus uniformes sí lo recuerdo, pero no una relación de amistad cercana», cuenta.
El hueso encontrado por las autoridades corresponde al pie derecho de Christian. Por eso, Omar no es del todo pesimista. «Una persona puede vivir sin una pierna», dice, con la esperanza de que su compañero siga vivo. También, cómo no, quiere que se esclarezca todo lo que ocurrió en la llamada Noche de Iguala.
El sobreviviente relata que, desde diciembre de 2014, ya existían sospechas de que algunos restos de los estudiantes podrían haber sido extraídos de la barranca, para luego ser sembrados como evidencia en el río San Juan, como ocurrió con los huesos de Alexander Mora, presuntamente puestos allí por Tomás Zerón, un día antes de que las autoridades reportaran el hallazgo.
«Se sabía de ese lugar, de la barranca La Carnicería, desde hace mucho tiempo, desde diciembre de 2014. Un señor de la policía comunitaria, llamado Miguel Ángel Blanco, se internó en las búsquedas y había señalado ese lugar. Dijo él: ‘los restos de Alexander de la Mora seguramente los tomaron de este lugar y los llevaron al río San Juan’. La PGR desestimó muchos indicios y qué bueno que ahora estén investigando», sostiene.
Por ello celebra que, además de las órdenes de aprehensión contra 46 funcionarios de Guerrero y la detención de El Mochomo, las autoridades también estén buscando la extradición de Zerón, quien se encuentra prófugo en Canadá, según algunos indicios.
Sin embargo, en su opinión, esto no significa que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa esté cerca de resolverse.
«Yo pienso que no estamos tan cerca. Hace falta muchísimo. Esto es apenas la puertita que se está abriendo a la razón y la justicia. Los familiares pienso, por lo que han dicho, se van a mantener unidos hasta que se castigue a los responsables, hasta que haya verdad y justicia, no es solamente encontrarlos y ya», afirma.
Aunque pondera como satisfactoria la voluntad política que ha mostrado el Gobierno de López Obrador, considera que la presencia de funcionarios del antiguo régimen en el actual sistema de justicia es un obstáculo para conocer la verdad.
«Se tiene que llamar a declarar a todos los implicados, incluyendo al actual jefe de Seguridad actual en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien era el jefe de la Policía Federal en Guerrero en aquel año», dice el normalista.
Sin embargo, coincide con Cox en que, a pesar del trasfondo político que pueda existir detrás de las acciones del Gobierno federal, los hallazgos y las detenciones recientes son una prueba de que se ha roto el pacto de impunidad que mantuvo la cohesión de los implicados en la desaparición de los estudiantes.
«Por supuesto, había un pacto de silencio y de impunidad, y esto lo está rompiendo. Es conveniencia política también», señala García. «No se trata de confianza sino de ver objetivamente cómo trabaja la Fiscalía. No se ha limpiado del todo», agrega.
Mientras tanto, los familiares de los jóvenes desaparecidos han expresado, a través de sus representantes legales, que aceptarían la verdad por dolorosa que fuera, siempre y cuando estuviera sustentada en pruebas científicas. Por lo tanto, los hallazgos recientes confirman «que aún existen innumerables aspectos por esclarecer».
Su esperanza es que se sepa definitivamente qué ocurrió con sus hijos desaparecidos, y poder acceder a la justicia que se les ha negado desde hace casi 6 años.
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