El MotínPor Anner Victoriano
Los recientes incidentes ocurridos en Santo Domingo —el incendio en el Merca Santo Domingo y la caída de un poste eléctrico en el puente de la 17— son señales claras y preocupantes de una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la fragilidad de nuestras infraestructuras públicas y la urgente necesidad de tomar medidas preventivas, sostenibles y estratégicas para proteger vidas y bienes.
No podemos normalizar el deterioro
En países como República Dominicana, donde la infraestructura es vital para el desarrollo económico, la cohesión social y la seguridad ciudadana, resulta inaceptable que fenómenos como un cortocircuito desemboquen en un incendio que paraliza uno de los principales centros de distribución alimentaria del país. La falta de mantenimiento, supervisión técnica y planificación en la gestión de instalaciones como el Merca Santo Domingo no solo representa un riesgo para los comerciantes y consumidores, sino que también pone en jaque la seguridad alimentaria de miles de dominicanos.
Del mismo modo, el incidente del poste de luz que colapsó sobre el puente de la 17, uno de los puntos neurálgicos del tránsito en Santo Domingo, es otro síntoma del mismo mal: infraestructuras desatendidas, envejecidas o mal diseñadas, que se convierten en trampas mortales para conductores, peatones y trabajadores del sector eléctrico.
Más allá de la reacción: prevención estructural
En vez de actuar solamente después de la tragedia, el Estado dominicano debe asumir una política de prevención y mantenimiento proactivo. Esto significa realizar auditorías periódicas a todas las infraestructuras públicas —eléctricas, viales, comerciales y de servicios básicos—, invertir en tecnología de monitoreo en tiempo real, y, sobre todo, garantizar que las instituciones encargadas de la supervisión no estén sujetas a la improvisación ni a la corrupción.
Asimismo, es hora de fomentar una cultura de transparencia e involucrar a las comunidades en la vigilancia de sus propios espacios. La ciudadanía tiene derecho a saber si una infraestructura pública está en condiciones óptimas, y debe poder exigir responsabilidad si no lo está.
El costo de la negligencia
Estos no son hechos aislados. Son parte de un patrón que ha cobrado vidas, ha causado pérdidas millonarias y ha erosionado la confianza de la población en sus autoridades. Mientras el país avanza en términos turísticos y de crecimiento económico, no se puede permitir que sus cimientos estén sostenidos por alambres flojos y cemento sin supervisión técnica.
La seguridad de las infraestructuras no es un lujo ni un asunto secundario: es un tema de derechos humanos, de justicia social y de visión de futuro.
Ahora o nunca
Los acontecimientos recientes deben servir como un punto de inflexión. La República Dominicana no puede seguir apostando a la suerte. Se necesita una política de Estado que ponga la seguridad y sostenibilidad de sus infraestructuras en el centro del debate público. De lo contrario, seguiremos lamentando tragedias que, en realidad, siempre fueron evitables.
