RedacciónLa Junta Central Electoral presentó anoche ante los miembros de organismos internacionales y los tribunales Constitucional y Superior Electoral, los resultados de la auditoría al Registro Civil, que abarcó el período 1929-2007.
La uditoría fue ordenada mediante la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14, de fecha 23 de mayo de 2014.
Según los datos ofrecidos por el magistrado, César Francisco Féliz Féliz, coordinador de la Comisión de Oficialías, para este trabajo se hizo un levantamiento con una cantidad estimada de 56 mil 554 libros del Registro Civil, de los cuales encontraron extranjeros de 118 nacionalidades.
Los casos envueltos en la auditoría tienen que ver con aspectos de irregularidades, folios regulares, folios para rectificar, folios para completar expedientes, folios para ser anulados por los tribunales y otros para transcribir, etcétera.
De las nacionalidades revisadas bajo esta auditoría 41,133 corresponden a Haití; 2,354 a Estados Unidos; 1,705 a España; 1,190 a China; 586 a Puerto Rico; 487 a Holanda y los Países Bajos; 488 a Venezuela; 379 a Colombia; 376 a Japón y 334 a Francia, entre otras.
Dijo que de esos casos fueron transcritos 25,358, para mayor investigación; 4,391 para reconstruir por mal estado de los libros y 2,678 para someter ante los tribunales del país 132 expedientes que serán anulados.
Mientras que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, manifestó que llamaba la atención debido a que de la totalidad de los expedientes trabajados, 68.45% está relacionado con la República de Haití, 3.93% con Estados Unidos y 2.84% con España.
Indicó que la inmensa mayoría de estos expedientes se encuentran a disposición de los beneficiarios.
Rosario significó que “cumplida esta disposición legislativa, y habiendo “regularizado y transcrito” como establece la ley, todas y cada una de estas personas reciben la nacionalidad dominicana, en virtud de esta ley, y adquieren todos los derechos de ciudadanía consagrados en los artículos 21 y siguientes de la Constitución.
Explicó que en todo este camino solo resta definir el procedimiento administrativo de deportación, del cual carece República Dominicana y propuso establecer un procedimiento administrativo de deportación que considere un horario para ejecución de la política de repatriaciones entre seis de la mañana y seis de la tarde, sin incluir sábado ni domingo, salvo casos de fuerza mayor.
Asimismo, hacer acompañar a los repatriados de sus efectos personales, no retener sus documentos, siempre que no sean documentos ilegales que constituyan elemento de prueba ante los tribunales y notificar en un período no mayor de 48 horas a las autoridades diplomáticas acreditadas en el país.
Rosario sostuvo que el caos que padecía el Registro Civil Dominicano ha sido superado, por lo que aseguró que en la actualidad existe gran optimismo y confianza.
El funcionario electoral criticó que hasta mediado de la década pasada el registro se caracterizaba por funcionar mediante un esquema de privatización y de falta de regulación.
Manifestó que más del 95% de las oficinas utilizaban procedimientos manuales para el asentamiento y expedición de las actas, dando lugar a un interminable cúmulo de errores humanos.
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