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Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República

Fiscal Villa Altagracia somete al procurador Domínguez Brito

SANTO DOMINGO.-El suspendido fiscal adjunto del municipio de Villa Altagracia, Ysidro Pochet López, interpuso un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en contra del Procurador General de la República, a los fines de que se le ordene a ese funcionario el acatamiento de una sentencia emitida por la Corte de Apelación de San Cristóbal que archivó una acusación de soborno incoada en su contra y dispuso su reintegro «inmediato».

El fiscal adjunto fue sometido a la justicia el 8 de julio del 2013 junto al nombrado Walaston Ramiro Sarmiento Santana por los comerciantes Miguel Angel Grullón Natera y Elizabeth Paulino García, a los que habría extorsionado al pedirles un soborno por la suma de 45 mil pesos, para cerrar una investigación penal abierta contra un pariente de los querellantes acusado de haber comprado carne de reses robadas por un grupo de cuatreros.

En consecuencia, el fiscal adjunto fue suspendido en funciones y procesado junto a su supuesto cómplice, Walaston Ramiro Sarmiento Santana, por la presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 166,167,177, 265, 266 del Código Penal, que castigan la prevaricación, soborno y asociación de malhechores.

La instancia acusatoria señala que el fiscal recibió de manos de los señores querellantes Miguel Angel Grullón Natera y Elizabeth Paulino García, la suma de 45 mil pesos, los cuales habrían sido previamente marcados mediante fotocopia por el fiscal adjunto John Henry Reynoso, adscrito a la Procuraduría General de la República

Esa acusación fue conocida el 18 de julio del año pasado en una audiencia preliminar por el juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, magistrado Ilvin Elías Feliz de la Rosa, quien emitió la Resolución numero 294-2013-00001, mediante la cual impuso los imputados medida de coerción consistente en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y firma del libro de control una vez al mes, por un periodo de seis meses.

Cumplido ese plazo de seis meses de medidas de coerción, el juez de instrucción especial Cámara Penal de la Corte de Apelación, magistrado Ilvin Elías Feliz de la Rosa intimo al Ministerio Publico para que presentara y fundamentara la acusación y le dio el plazo de otro mes para que cumpliera con ese importante requisito procesal

Ese requerimiento de intimación, previo a la decisión final, le fue remitido al magistrado Jesús Fernández Vélez, Procurador de la Corte de Apelación, para que emitiera su opinión con respecto a ese expediente

En respuesta a ese requerimiento de la Corte, el 7 de febrero del 2014, el procurador de la Corte Fernández Vélez emitió un dictamen motivado, mediante el oficio 0021/14 en el que dispuso el archivo de la investigación en contra del fiscal y su supuesto cómplice, luego de haber observado alguna inconsistencia en el expediente que imposibilitarían obtener una condena en contra de los procesados

Consecuente con esta decisión del Ministerio Público, que es el órgano acusador en el citado proceso, siete días después, el 14 de febrero del 2014, el juez de la Corte falló ordenando el archivo definitivo del expediente presentado una semana antes por el procurador Fernández Vélez.

En uno de sus considerandos, el juez observó que se tomó muy en cuenta el hecho de que al momento de su arresto, ejecutado por dos oficiales de la Policía y el fiscal adjunto Jon Henry Reynoso, adscrito a la Procuraduría, al fiscal Pochet López «no se le ocupo el dinero marcado usado en el supuesto soborno ni otra evidencia comprometedora».

En un segundo y tercer apartado de la sentencia, el magistrado también dispusieron dejar sin efecto las medidas de comercio impuestas al suspendido fiscal y al coacusado Walaston Ramiro Sarmiento Santana y finalmente, le ordena al órgano del cual depende el fiscal adjunto, entiéndase la Procuraduría General de la República, «su reintegro inmediato» a sus funciones habituales en la Fiscalía de Villa Altagracia

Ese fallo, dado a conocer mediante la Resolución Administrativa de archivo marcada con el número 294-2014-00001, es la disposición que rehúsa cumplir la Procuraduría, expresó el jurista John Garrido, representante del accionante y que ha sido el motivo del sometimiento por ante el TSA

La acción de amparo fue conocida en esa instancia el pasado 11 de este mes, pero fue aplazada, por segunda vez, para el 15, luego de que el tribunal acogiera una solicitud del representante del abogado designado por la Procuraduría General de la República, quien pidió mas tiempo, como ya lo hizo en una pasada audiencia el Ministerio Público, para estudiar el expediente.

Lo quieren juzgar dos veces

Vencidos todos los plazos para que las partes y cualquier interesado objetará la decisión, y el expediente adquirió la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada, el exfuncionario, sentencia en mano, se presentó por ante el procurador adjunto Bolívar Sánchez, titular la Inspectoría del Ministerio de la República, para que se diera cumplimiento de a esa ordenanza judicial que dispone su reposición, por éste se negó, alegando que ese no es el procedimiento.

«Para sorpresa mía, desde ese despacho se me informó que no me van a reponer, que no van a ejecutar ese sentencia y que ahora lo que procede es someterme a un juicio disciplinario, o sea, juzgarme dos veces por un mismo caso, lo que es violatorio a la Constitución de la República, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito», expreso Pochet López

Narro que en la búsqueda de una solución armoniosa al impasse, ha visitado en tres ocasiones al procurador Francisco Domínguez Brito, para ponerlo al tanto de su situación, pero que nunca lo han dejado pasar del antedespacho y que eso fue lo que le motivó a llevar el caso de nuevo a los tribunales.

El suspendido magistrado se quejó de que el máximo de tiempo que la ley permite para la suspensión de un fiscal de carrera, es de tres meses y que él lleva 17 meses sin funciones ni disfrute de sueldo, lo que considera es otra violación a sus derechos fundamentales, además de que lo coloca en un limbo jurídico

«Esto así -dijo el fiscal entrevistado por 7dias.com.do- porque aún estoy activo en la nomina del Consejo del Ministerio Publico, y eso me impide ejercer la abogacía para ganarme el sustento, situación que aspiro se defina en 11 de diciembre, cuando el TSA ventile el caso de nuevo e instruya que se cumpla con mi reintegro a mis funciones».

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Redacción

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