RedacciónLas conocidas denuncias hechas por distintos magistrados al sobre supuestas presiones para dejar en libertad a personas que él solicitaba, podría ubicarlo como pieza clave de una supuesta red que se dedicaba a estas acciones dentro del sistema de justicia.
Estas delaciones lo implican en más de media docena de casos de alto delito, encasillados en el crimen organizado, como narcotráfico, lavado de activos y sicariato.
El más reciente es el que vincula a la suspendida jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, quien ha confirmado que se comunicaba con Arias Valera mediante mensajes por whatsapp, y que recibió dinero de su parte, especialmente para disponer la libertad del regidor perredeísta, Ericson de los Santos Solís, acusado de dirigir una red de sicarios que mató al menos seis personas.
Inmediatamente, la noticia se hizo eco en los medios de comunicación, Arias Valera se declaró inocente de la acusación y dijo en rueda de prensa que no tenía nada que ver con el caso, pero al parecer la historia es otra y la madeja ha empezado a desenredarse, apuntando a que es la principal pieza de una estructura que se dedicaba a ofrecer sobornos a jueces para dejar en libertad a personas con delitos comprobados.
El entramado ya es de conocimiento del Ministerio Público, con quien ha colaborado Reyes Beltré, que a su vez está exigiendo un acuerdo que sensibilice el interés del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de llevarla a los tribunales.
El procurador quiere que ella ayude a desmantelar la supuesta red de criminales, pero la suspendida jueza ha manifestado que no dirá todo lo que sabe hasta que no haya un acuerdo que garantice su probidad.
Aunque Reyes Beltré se encuentra en el ojo del huracán, no es más que una pequeña pieza en la organización que se ha formado para beneficiar criminales, sostuvo el miembro de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, quien recordó que Arias Valera está metido en un problema grave porque ya ha sido mencionado por otros jueces en casos similares.
En el 2013, el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz, quien a raíz de haber ordenado la prisión domiciliaria del banquero Leonel Almonte y de Álvarez Renta, fue sometido a un juicio disciplinario, al que renunció para librarse del caso, denunció que Arias Valera lo promovió a esa posición a cambio de recibir instrucciones para liberar presos.
Igualmente, la magistrada de la Corte Penal de San Cristóbal, Santos Moreno, elevó ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos una instancia en la que evidenció que Arias Valera ordenó poner en libertad a Francis Vergar Mateo imputado de narcotráfico.
Su denuncia indica que en fecha cuatro de marzo, el consejero Arias Valera, luego de una audiencia, ordenó que se pusiera en libertad al referido interno, mediante la variación de la medida de coerción. De los tres jueces que conformaban el tribunal, dos votaron a favor, y ella dio un voto disidente, por lo que fue suspendida.
Igualmente, la magistrada de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Isis Muñoz, en una carta de julio de 2015, denunció que Arias Valera se dedicaba a prácticas proselitistas a lo interno del Poder judicial, para promover candidatos al Consejo del Poder Judicial que se van a elegir en febrero de 2016.
También denunció en una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que para tales fines realizó reuniones en Barahona en una casa de un exservidor público que ha tenido problemas de droga.
Ante el escándalo, verificado en la administración de justicia, el procurador Domínguez Brito requirió al Consejo del Poder Judicial investigar a cinco jueces activos y al exmiembro de ese Poder, Arias Valera por su presunta vinculación a la mencionada estructura que supuestamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado.
Según evidencia de la Procuraduría General de la República, la estructura estaba dirigida por Arias Valera, quien renunció al Consejo y se desempeñaba como juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo.
Además de Awilda Reyes Beltré, los otros jueces vinculados en la red son, Elio Germán Figueroa, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Roso Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de Apelación de esa misma jurisdicción.
De acuerdo a la instancia de Domínguez Brito, la alegada estructura manipulaba procesos y negociaba libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Entre los favorecidos por la jueza Reyes Beltré, está el regidor del PRD en el municipio de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, quien está acusado de dirigir una red de sicarios que asesinó a varias personas, entre estos un oficial de la Policía y unos cinco choferes miembros de la Confederación Nacional de Transporte “La Nueva Opción”( Fenatrano). Igualmente, dispuso la devolución de 20 millones de dólares a la compañía Prado Universal, constructora de la Torre Atiemar y un avión incautado al presidente del quebrado Banco Peravia.
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