RedacciónSanto Domingo.-El lavado de activos proveniente de actividades ilícitas constituye el mayor peligro y la peor amenaza que afronta en la actualidad el sistema financiero del país, vulnerabilidad de la que no escapa la banca fiduciaria y el mercado hipotecario, aseguró el Intendente de Bancos de la República Dominicana, Luis Armando Asunción Alvarez.
Dijo que las autoridades la Superintendencia de Bancos (SIB), están bien alerta para evitar la filtración de esos capitales y puso como muestra el hecho de que el transcurso del año pasado, ese organismo recibió un total de 7,142 denuncias sobre transacciones dudosas o sospechosa, los que fueron investigados rigurosamente.
Sostuvo que el lavado de activos tiene una dimensión transfronteriza y que bien puede afectar cualquier sector de la economía y que en el caso de los productos fiduciarios, como los segmentos financieros bancario, de seguros y de valores, resultan los más vulnerables a los riesgos de esa manifestación del crimen organizado, porque según dijo, sus operaciones facilitan la movilización de importantes sumas de dinero
Sostuvo que eso hace que se adopten controles más estrictos al respecto y que se verifica, con mucha rigurosidad todas las operaciones y transacciones que se consideren dudosas, para frenar cualquier asomo de esa práctica ilegal.
Para ofrecer una panorámica de la peligrosidad del fenómeno que acecha a la banca nacional, Asunción Alvarez expresó que esa totalidad de reportes dudosos, unas 676, equivalente a un 9.5% fueron remitidas por las Entidades de Intermediación Financiera, en tanto que el otro 90.5%, unos 6,466 casos, fueron enviados por los Agentes de Cambio y Remesadoras
Sobre ese particular, amplio que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha establecido que las cuentas fiduciarias no pueden ser utilizadas como conducto para transferir fondos ilícitos
El funcionario dijo que en su informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, correspondiente al 2003-2004, ese organismo internacional señala una jurisdicción en la que hizo extensiva la obligación de denunciar las operaciones sospechosa a profesionales legales y financieros independientes y que encontró que el 40% de las transacciones o actividades financieras sospechosas, provenían de la banca fiduciaria y que de ahí la alerta y permanente supervisión a ese sector financiero
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