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El caso de Alejandro Baca, el ingeniero en telecomunicaciones desaparecido por Los Zetas

Sobre el escritorio que tiene en una pequeña oficina, la señora Lucía Baca deja con cuidado el marco plateado con la fotografía de sus hijos, y a continuación, como si fuera un ritual, se coloca en el chaleco blanco y con rayas rojas que viste un pin grande y redondo con la fotografía de Alejandro Alfonso Moreno Baca.

“Él es el mayor de mis hijos, tenía 32 años cuando desapareció hace diez años, seis meses, y dos días”, dice con exactitud Lucía, mientras acaricia el rostro de su hijo estampado en el pin, un ingeniero en telecomunicaciones de IBM que desapareció a manos de Los Zetas cuando transitaba en su coche por la carretera de cuota Monterrey-Nuevo Laredo.

Hoy, esta carretera se ha vuelto ‘célebre’ en los medios de comunicación. Bautizada como la “carretera del terror”, o la “ruta de la impunidad”, esta vía de cuota que une la capital regiomontana con la frontera tamaulipeca que desemboca en Texas, Estados Unidos, cobró especial relevancia luego de que en mayo la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) publicó varios comunicados alertando a las autoridades de una oleada de desapariciones en ese tramo.

A raíz de las alertas, poco después, el pasado 20 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció a Animal Político que existen, al menos, 70 expedientes por desapariciones en esa vía tan solo en año y medio, entre octubre de 2020 y julio de este año.

“Pero esto no es nada nuevo”, advierte en entrevista Lucía Baca, al referirse que ya entre 2007 y octubre de 2011 fueron reportadas las desapariciones de al menos 16 personas al pasar por la caseta de cobro de Sabinas Hidalgo, en la Monterrey-Nuevo Laredo.

“Esa carretera es un terror que viene de mucho tiempo atrás”, hace hincapié.

“El problema es que lo dejaron crecer y crecer, porque a las autoridades nunca les importó. Y eso, como víctimas, nos duele mucho más. Porque el asunto pasó por muchas manos, pero las desapariciones siguieron durante años y aún continúan sin que nadie haga nada”.

Leticia Hidalgo, integrante del FUNDENL y madre Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Pedro Garza, Nuevo León, explica en entrevista que su colectivo lleva registrados en esta carretera al menos 43 casos de desaparecidos con perfiles muy diversos: transportistas, choferes, profesionistas, ingenieros, o vigilantes de seguridad, como Luis Enrique Chalanga Macario, de 27 años, y otros tres compañeros; los últimos de una extensa lista de desaparecidos en este tramo.

Entre esos casos que acompaña el colectivo está precisamente el de Alejandro Moreno Baca, el cual sigue en la impunidad y sin que su familia tenga la certeza, con evidencias, de cuál fue su suerte la noche de aquel lejano 27 de enero cuando al pasar por el kilómetro 113+500 la señal de su celular se diluyó desapareciendo junto a él.

“Las autoridades nunca emprendieron acciones concretas de búsqueda de Alejandro, y por eso nunca obtuvieron resultados y nunca lo encontraron”, resume el caso Leticia, que lo extrapola a los más de 40 que acompañan.

“Lo que prevalece es la impunidad. En esa carretera se puede asaltar, robar y desaparecer a gente con total impunidad”, subraya la madre y activista, que denuncia que las autoridades tenían conocimiento de las desapariciones, pero no emitieron alertas para avisar a la población, a pesar de que las autoridades del país vecino, Estados Unidos, sí avisaron a sus ciudadanos para que evitaran esta carretera por su alto nivel de peligrosidad.

A raíz de los llamados de auxilio realizados por FUNDENL y otras organizaciones civiles de víctimas, parece que las autoridades mexicanas comenzaron a responder. Las Fiscalías de Nuevo León y de Tamaulipas anunciaron acuerdos de colaboración para investigar las desapariciones en este tramo carretero, mientras que la Guardia Nacional ha retomado los operativos de acompañamiento para proteger a quienes van hacia la frontera estadounidense y a quienes regresan con dirección a Monterrey.

“Parece que ahora están empezando a moverse, aunque ponernos a un policía para que nos cuide cuando viajamos no soluciona nada, ni resuelve las desapariciones”, lamenta Leticia, que se pregunta: “¿Cuántas desapariciones pudieron haberse evitado si las autoridades nos hubieran hecho caso desde hace diez años? ¿Cuántas se habrían evitado si hubieran hecho caso a todas las denuncias que ellos mismos estaban recibiendo?”.

Sentada sobre un hoyo negro

La pesadilla comenzó con un viaje de placer, cuenta Lucía Baca, que está sentada detrás de un escritorio en una modesta oficina al sur de la Ciudad de México.

Una pareja amiga de su hijo acababa de tener un bebé en Laredo, Texas, y Alejandro, a diferencia de otros de sus amigos que viajaron en avión para visitarlos, decidió hacer el recorrido desde la Ciudad de México a la ciudad texana en coche. Corría el año 2011. Plena Guerra contra el Narco en el sexenio de Felipe Calderón. Los noticieros hacía tiempo que abrían a diario con balaceras, colgados en puentes, y desapariciones. Pero Alejandro no midió el riesgo.

“Mi esposo y yo le insistimos mucho para que no hiciera ese viaje. Pero, ya sabe, la juventud es terca…”, dice Lucía con la sonrisa agotada en su rostro.

Alejandro llegó sin contratiempos a Monterrey. Allí estaba previsto que recogiera a otro amigo para viajar juntos el último pedazo de tramo. Pero el amigo no pudo viajar y el ingeniero decidió seguir solo el camino. A las ocho de la noche, las cámaras de vigilancia de la caseta de cobro que está en el kilómetro 100 de la Monterrey-Nuevo Laredo captan el paso de su coche. La imagen no es nítida por la oscuridad, pero las placas se alcanzan a ver. Después, el coche se perdió en la noche y no se ha vuelto a saber nada más del ingeniero más de una década después.

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El Motín

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