RedacciónEl Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís sentenció a tres y dos años de prisión a una pareja de esposos y una exempleada de un hospital de esta demarcación, acusada de falsificar el acta de nacimiento de una niña que sería adoptada de manera irregular por la pareja.
El citado tribunal condenó a Yuberkis Peguero a tres años de prisión por falsificación de documentos públicos y a los esposos Anny Amarilis Valerio y Ramón Enrique Ramírez a dos años de prisión cada uno por uso de documentos falsos. La pena deberá ser cumplida en los centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís y Anamuya de Higüey, en la provincia La Altagracia.
Los acusados fueron condenados por la violación de las disposiciones establecidas en los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que por este caso también fue sometida a la justicia la madre de la menor, quien fue favorecida con un Auto de No Ha Lugar, el cual fue recurrido por el Ministerio Público, pero, fue confirmado en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. El nombre de la madre de la niña fue omitido para proteger la identidad de la menor.
La información indica que la investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía de San Pedro de Macorís con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la colaboración del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Durante el juicio, el órgano acusador presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, que vincularon estrechamente a los hechos a la señora Yuberkis Peguero, quien pertenecía al departamento de Estadística del centro de salud, cuya actuación delictuosa fue falsificar el acta donde se hacía constar el nacimiento de la menor que nació en el centro de salud en el año 2014.
Peguero, según consta en el expediente, colocó en el acta que la niña era hija de los señores Anny Amarilis Valerio y Ramón Enrique Ramírez, quienes, posteriormente, usaron el documento en la Oficialía del Estado Civil, asentándola como hija suya, en violación a la ley.
La información señala que la pareja había intentado canalizar una adopción y que, al demorarse, éstos decidieron hacer pasar como suya la niña con un parto que nunca se materializó.
El Ministerio Público estuvo representado por los magistrados Claudio Cordero y Olga Lidia Coss, del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, quienes lograron que los jueces Juan de la Cruz Güilamo, presidente del tribunal, Haydeliza Ramírez y Katherine Rivera, dictaran la sentencia condenatoria que envía a prisión a los encartados.
