Derecho constitucional a una vivienda

Por Rafael Polanco

A lo largo de la historia muchos gobiernos se embarcan en la construcción de proyectos habitacionales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

Cada vez que se producen estos anuncios, son muchos los que se regocijan, pues con ellos se abren nuevas posibilidades para millares de ciudadanos que carecen de su casa y que sin la mano amiga del Estado les sería muy difícil adquirir la suya.

Es algo loable y se inscribe en los derechos fundamentales de los ciudadanos contenidos en la Carta Magna vigente, que reconoce, en su artículo 59, el derecho a la vivienda, al señalar: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social”.

Y agrega que, el acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda. Esto parece tenerlo claro el actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien en sus primeros ocho meses de mandato ha iniciado alrededor de 10 proyectos habitacionales.

Los mismos son parte del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz (PNVFF), con miles de apartamentos a construir, distribuidos en diferentes puntos de la geografía nacional y que actualmente se encuentra en su primera etapa.

Se trata de un programa de accesibilidad a la vivienda digna y propia, dirigido a las familias dominicanas de segmentos sociales con grandes dificultades para adquirirlas, contribuyendo con ello a disminuir el déficit habitacional que en República Dominicana es bastante pronunciado.

Entre los proyectos habitacionales que están en proceso se citan: El Ciudad del Yaque, en Santiago, Las Praderas del Norte, en Los Alcarrizos, residenciales Don Marcelo, en Azua, Tavárez, en Higuey, Nuevo Oeste 1, en Hato Nuevo, Mallorca Village, en La Romana, Valenza, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, Pedro Brand y Villa Orilla, en San Pedro de Macorís, además de Ciudad Altos del Rivera, en Santo Domingo Este y el más reciente, Mi Vivienda, en Hato Nuevo, Manoguayabo.

Con el entusiasmo que el primer mandatario le pone a sus anuncios de nuevas obras de su gobierno, señaló que cada mes se estarán dejando iniciados de manera simultánea más proyectos en todo el territorio nacional».

En ese tenor enfatizó: “Nuestra gestión tiene el compromiso de ir dando respuesta a una deuda social que el Estado dominicano tiene con los ciudadanos, dar a las familias dominicanas una oportunidad real de adquirir su primera vivienda”.

El programa se desarrolla en un proceso de alianza Público-Privada, en la que el Estado facilita a los ciudadanos que apliquen, los recursos que permitirán el acceso a financiamiento mediante diferentes tipos de bonos que ayudarán con los pagos de iniciales y los compromisos bancarios.

Sin lugar a dudas que el presidente Abinader Corona está inspirado en muy buenas intenciones, pero me siendo con autoridad moral para advertirle que debe tener cuidado, darle seguimiento hacia dónde van a parar esas viviendas una vez terminadas.

El señalamiento viene, a propósito de que muchos funcionarios públicos van al Estado a servirse, no a servir y son los primeros que se auto asignan esas viviendas, despojando a los destinatarios originales, si lo sabremos mi familia y yo que llevamos más de 20 años peleando en los tribunales un apartamento del que fuimos despojado en el 2000 precisamente por un funcionario del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) de nombre José Rivas García.

A ese señor no le importó que tuviéramos en nuestro poder, desde julio de 1986, el título de propiedad del apartamento que fue terminado en julio del 2000, 14 años después, del cual se apropió sin tomar en cuenta que la Constitución garantiza el derecho de propiedad que a nosotros nos ha sido negado.

En septiembre de 2018 fuimos favorecidos con un fallo del Tribunal Constitucional que le ordenó al INVI entregarnos nuestro apartamento y ni las pasadas ni las actuales autoridades han acatado la decisión, pese a que establece un astriente de RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) por cada día transcurrido sin que se cumpla la decisión.  Vaya usted a ver por dónde va esa suma.

No ha valido el hecho de que el caso llegó a manos del presidente Abinader Corona, el 26 de octubre del pasado año 2020, a través de la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas /CDP), Mercedes Castillo, quien entregó una carta al mandatario y, transcurrido 6 meses, no ha tenido resultados.

No obstante, el derecho de propiedad constituir un derecho fundamental que está garantizado por el Estado y consagrado en el artículo 51 de la Constitución, cuyo texto íntegro señala: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

Es por ello que termino diciéndole al jefe del Estado que mi familia tiene derecho a ser UNA FAMILIA FELIZ y a tener MI VIVIENDA. Ya tenemos el título original desde 1986 de nuestro apartamento, construido hace 20 años, ahora simplemente hay que ordenar que se nos entregue. No como un privilegio, sino como un derecho fundamental que se nos ha violado por años. Es cuanto.