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Tribunal conocerá acción contra resoluciones sobre audiencias virtuales

El Tribunal Constitucional conocerá este jueves la audiencia de acción directa de inconstitucionalidad contra las dos resoluciones emitidas por Consejo del Poder Judicial, para el conocimiento de las audiencias virtuales.
Los abogados doctor Jorge Lora Castillo y los licenciados Jesús Miguel Reynoso y Jorge Graciany Lora Olivares quienes interpusieron la acción de inconstitucionalidad  precisan que las resoluciones que  transforman el conocimiento  de las audiencias a una virtualidad es ilegal e inconstitucional.
La audiencia fue fijada mediante el auto 56-2020, del Juez presidente del Tribunal Constitucional, doctor Miltón Ray Guevara.
La acción de inconstitucionalidad  busca la declaratoria  de inconstitucionalidad de esas resoluciones, por violar  la Constitución de la República, y otras leyes.
Se trata de las Resolución, número 006-2020 que dispone la Declaración de Normas y Principios  del Servicio Judicial y la Resolución, número 007-2020 que establece el Protocolo para el Manejo de las Audiencias Virtuales, emitidas en 2 de junio por el Consejo del Poder Judicial que dispone el conocimiento de audiencias virtuales en todo el territorio nacional.
Según los abogados  esas declaraciones violan los  artículos  39, 68, 69.1, 69.2, 69.4, 69.7, 69.9, 69. 10 de la Constitución de la República; Articulo 1, 6, 11, 12, 18, 26, 166, 167,  306, 307 308, 310, 311, 314, 393, 399, 411 y 418 del Código Procesal Penal, ART. 2 párrafo IX de la Ley 50-00, ARTS. 43, párrafo III, 71, 72, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 821 de Organización Judicial, como normas de debido proceso.
Los abogados sostienen que las resoluciones atacadas trastocan y transgreden el estado de derecho y el debido proceso de ley, ya que de hecho, REVOCA y de sin efectos textos constitucionales y legales.
Indican que la virtualidad impone una limitación al acceso a la justicia, toda vez que son necesarios dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos inteligentes, iPad, conexiones a Internet y costos accesorios, que impiden a todos los dominicanos acceder a este servicio de manera libérrima como lo es el interés del constituyente.
La acción está fundamentada en Constitución de la República, Código de Procedimiento Penal, Ley núm. 50-00 que modifico la Ley de Organización Judicial, No. 821 del año 1927.
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El Motín

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