RedacciónEl senado aprobó ayer miércoles en primera lectura el proyecto de ley sobre la Prevención del Comercio Ilícito, tras un informe favorable de la comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El presidente de la Comisión, Arístides Victoria Yeb, al rendir el informe, resaltó que esa iniciativa busca erradicar el comercio ilícito de mercancías, tipificando los delitos, la falsificación, el contrabando de productos regulados y estableciendo sanciones administrativas y penales.
Refirió que el comercio ilícito impacta negativamente la capacidad recaudatoria de los países, por el contrabando y la evasión fiscal.
La pieza legislativa de la autoría de los senadores Charles Mariotti Tapia y José Ignacio Paliza de las provincias Monte Plata y Puerto Plata.
Resalta que la práctica de comercio ilícito de productos falsificados, puede tener consecuencias graves en la salud de los consumidores al introducir al mercado productos que no cumplen con las normas mínimas de calidad.
Agrega que el citado comercio distorsiona la dinámica del mercado al obligar a las industrias que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias a competir en condiciones desiguales contra importadores y comercializadores que evaden el pago de los impuestos, afectando la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto.
La iniciativa destaca que las previsiones existentes en el país no logran configurar de manera apropiada y sancionar contundentemente los delitos de falsificación, contrabando, fraude fiscal y fabricación ilegal de productos, ni establecer las vinculaciones evidentes entre el comercio ilícito y otros delitos conexos como lavados de activos, la corrupción y el crimen organizado.
Precisa que por eso se hace necesarios la capacidad institucional del Estado fortalecimiento Mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas por las autoridades competentes.
Informe disidente
En tanto, el senador Santiago Zorrilla, miembro de la comisión sometió un informe disidente en cuanto al rendido por la comisión sobre el proyecto de Prevención de Comercio Ilícito, y planteó que la modificación del artículo 23 y sus dos párrafos, y se adicione un tercer párrafo.
Adujo que en el país existen deficiencias de los sistema de salud y de la seguridad social, así como la necesidad de garantizar de manera universal el acceso a medicamentos esenciales, por lo que sugiere que cuando los bienes incautados sean medicamentos sean transferidos al Ministerio de Salud y a otras organizaciones sin fines de lucro, o sos fármacos incautados sean distribuidos a personas excluidas o desprotegidas.
Para Zorrilla es necesario concertar de manera institucional un protocolo que asegure, entre otros procedimientos, el desglose de los productos incautados, su procedencia, los parámetros de fabricación, el uso y destino, así como la prohibición absoluta de su comercialización bajo ninguna circunstancia.
Planteó que la inclusión del párrafo III en el artículo 23, que exprese: “Se exceptúa de la disposición anterior, los medicamentos incautados por comercialización ilícita, cuya fabricación legítima sea comprobada por un laboratorio, serán transferidos al Ministerio de Salud, entidad que elaborará un protocolo interinstitucional que garantice el uso y distribución de los mismos.
Zorrilla enfatizó que no es posible que se quemen o destruyan medicamentos lícitos cuando hay miles de personas que lo necesitan. “No es que se comercialicen esos fármacos original en el mercado, sino que las autoridades se incauten, y se distribuyan entre pacientes pobres, pero que se haga mediante un protocolo”.
Al final se sometió el informe disidente, que solo votaron los senadores Manuel Güichardo, José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla. Tras ser sometida la pieza fue acogida por el pleno con 21 votos.
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