“Rousseff admite error que puede costarle el cargo”

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, afirmó este martes   que, al anunciar el próximo pago de las deudas del Gobierno con la banca pública, la mandataria Dilma Rousseff  ha «admitido el error» que justificó el inicio del proceso con vistas a su posible destitución.

«Al anunciar que pagará las deudas con los bancos públicos, el Gobierno admite su error» y eso «no cambia en nada el proceso» que la cámara baja ha iniciado contra Rousseff, declaró Cunha en una rueda de prensa.

Este lunes el Gobierno anunció su decisión de pagar los cerca de 57.000 millones de reales (unos 14.763 millones de dólares) que ha acumulado en deudas con la banca pública, que, según sostiene la oposición, fueron contraídas en forma irregular y en clara violación de las leyes que rigen los presupuestos oficiales.

El secretario interino del Tesoro Nacional, Otávio Ladeira, dijo que para cancelar esas obligaciones puede ser utilizada parte de las reservas internacionales del país e, incluso, abrir nuevas ofertas de bonos públicos, pese a que ello supondría cambiar unas deudas por otras.

Esos compromisos pendientes llevaron a que el Tribunal de Cuentas reprobase los balances oficiales de 2014 y pusiera en duda los de este año, pues en ambos casos las deudas con los bancos públicos fueron omitidas a fin de maquillar los resultados.

Según ese organismo de contraloría, las deudas fueron producto de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, los montos previstos para cubrir los seguros de desempleo o subsidios a las familias más pobres, entre otras obligaciones que los bancos asumieron con sus propios recursos.

«El Gobierno está tan nervioso con el proceso (contra Rousseff) que ha decidido pagar esas deudas lo más rápido posible y con eso está reconociendo sus propios errores», declaró Cunha, quien en su condición de presidente de la Cámara de Diputados aceptó el inicio del proceso que puede desalojar a Rousseff del poder.

El trámite comenzó a inicios de este mes, pero la Corte Suprema identificó algunos «errores de procedimiento» y ordenó que todo el proceso sea reiniciado, lo cual ha quedado pendiente para febrero próximo, cuando concluirá un receso parlamentario que comenzó el pasado día 22.