RedacciónUn grupo de organizaciones de la sociedad civil interpusieron este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), contra la construcción de las dos termoeléctricas en Punta Catalina de Baní, provincia Peravia, por entender que estas plantas de carbón son un alto riesgo y una grave violación de los derechos fundamentales a la salud y al disfrute de un medio ambiente libre de contaminación.
Entre las entidades que firman el recurso de amparo figuran: el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y dirigentes y miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc), de la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina (Aproteca), la Federación de Campesinos Banilejos (Fecaba); las Juntas de vecinos de Sainaguá y Heriberto Lugo de Catalina; el Comité para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la provincia Peravia, y la Fundación Macorís Verde de San Pedro de Macorís
Las organizaciones sustentan su recurso de amparo en los artículos 61, 66 y 67 de la Constitución de la República que consagran los derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano y de otros intereses colectivos y difusos de la población.
Igualmente, alegan en el acto judicial que en la construcción de estas plantas se violaron los artículos 8, 38, 40, 43, 92, 93, 113, párrafo 2, y 175, numeral 8 de la ley 64-00 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales que exigen previamente a la ejecución de cualquier proyecto que afecte al medio ambiente recibir permiso ambiental o licencia ambiental.
“Estas plantas comenzaron a construirse sin la existencia de una licencia o permiso ambiental, en medio de un escándalo nacional e internacional por su enorme sobrevaluación de alrededor de mil millones de dólares y por estar su proceso de licitación afectado por graves conflictos de intereses”, aclararon en una nota de prensa enviada a esta redacción de DH
También, el documento resalta que el proyecto de las plantas a carbón viola el artículo 27 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, que establece la descarbonización de la economía nacional, la reducción del uso de los combustibles fósiles y el incremento de las energías renovables.
Expresaron que estas plantas arrojarán a la atmósfera cada año más de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 0.57 tonelada de carbono por habitante, lo que representará un incremento de un 20% de las actuales emisiones de este gas en el país.
Dijeron que esta alta cantidad de emisiones de dióxido de carbono de estas plantas que comenzarán a operar para el año 2017, es un desmentido del compromiso que recientemente ha hecho el presidente de la República, Danilo Medina en la Conferencia Mundial del Clima (COP 21), de reducir en un 25% estas emisiones.
Aseguraron que la contaminación que producirán los gases y partículas emitidas por estas plantas, como las más de 174 mil toneladas de cenizas y de más de 14 mil toneladas de escorias al año que resultarán de la quema del carbón mineral, afectará gravemente la salud de la población, especialmente de niños y niñas y envejecientes.
Esta contaminación producirá enfermedades respiratorias o pulmonares como asma y cáncer de los pulmones, estrés oxidativo, enfermedades cardiovasculares y afectación del sistema nervioso, explicaron.
Plantearon que las plantas que se construyen en Punta Catalina no tienen que funcionar obligatoriamente con carbón, pudiéndose transformar para que operen con gas natural, con lo cual saldrían mucho más baratas y prácticamente no producirían contaminación ni emitirían dióxido de carbono.
Existen varios ejemplos de plantas de iguales o mayores dimensiones que las de Punta Catalina que se están construyendo en México y en EUA de ciclo combinado de gas natural, cuyos costos rondan un tercio de lo que costarán las de aquí, apuntaron.
Los impetrantes solicitaron al TSA condenar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Poder Ejecutivo y al Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella al pago de RD$32 millones diarios por retraso al cumplimiento de la paralización de la construcción de las plantas, , si decidieran desacatar la sentencia del tribunal.
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