Santo Domingo.- La defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó
este miércoles al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal
y disponer el cierre definitivo del proceso, argumentando que el caso casi supera los seis años de
duración por causas atribuibles exclusivamente al Ministerio Público, lo cual excede el plazo máximo
de cuatro años que establece el artículo 150 del Código Procesal Penal.
La presentación de la solicitud continuará este próximo lunes 27 de julio a las 9:00am, invitando a la prensa a participar en la misma.
Como parte de la solicitud, la defensa presentó estadísticas oficiales del Poder Judicial que reflejan
que, entre 2024 y 2025, los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de
acción penal, frente a 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles. A su juicio, estas cifras evidencian
que la extinción constituye una garantía procesal aplicada de manera ordinaria por los tribunales del
país y que este proceso debe recibir el mismo tratamiento.
La defensa sostuvo que la investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y que el 25 de noviembre
de ese mismo año se ejecutó un impedimento de salida sin orden judicial, actuación que, según la
defensa, marcó el inicio del plazo legal. Añade que Rodríguez permaneció privado de libertad
durante cuatro años, circunstancia que, conforme al derecho internacional aplicable en la República
Dominicana, impide extender el plazo máximo de duración del proceso.
En ese sentido, la defensa argumenta que las demoras fueron provocadas por el Ministerio Público y
recuerda que dos tribunales concluyeron previamente que las dilaciones registradas eran atribuibles a
ese órgano y no a la defensa.
Entre los hechos documentados, señala que el Ministerio Público desarrolló una investigación durante
casi dos años, solicitó una prórroga de cuatro meses y ante el retraso recibió la posterior intimación
del tribunal para concluir la investigación.
También sostiene que depositó un disco duro defectuoso con las supuestas 3,000 pruebas del caso, lo que obligó al tribunal a ordenar en tres ocasiones su corrección tras verificar que los archivos no eran accesibles, generando, según la defensa, un retraso superior a un año.
Asimismo, la solicitud indica que el proceso destinó alrededor de seis meses a la lectura obligatoria
de una acusación de más de 12,000 páginas. La defensa también afirma que el Ministerio Público dejó
sin responder más de 50 solicitudes de documentos y retrasó la entrega de cientos de pruebas de
descargo, pese a decisiones judiciales que ordenaban hacerlo, lo que, según sostiene, produjo nuevas
dilaciones superiores a seis meses.
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