RedacciónFrancisco Domínguez Brito consideró improcedente, infundada y carente de base legal la recusación presentada en contra de la fiscal Olga Diná Llaverías y del Procurador de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, Robert Rodríguez.
La recusación en contra del Ministerio Público se produjo momento en que el Juzgado de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo se prestaba a conocer una solicitud de medida de coerción en contra de los imputados.
Ante esa situación, la jueza Melania de la Cruz aplazó la audiencia de medida de coerción y otorgó un plazo de 48 horas a los fines de que se presentaran por escrito sus argumentos sobre la impugnación al Ministerio Público.
En el caso figuran como acusados Eduardo Salvador Fersola Güílamo, Francisco Tejeda Marte, Josué Castillo Santana; Félix Manuel Merán García, Luis Pineda Castillo, Daniel Bautista Espinal, Franklin de León, Rafael Poleon Féliz; Alfredo Sención Rosado, Juan Carlos Javier Aquino, Yoryi Luisa y Luis Rafael Castillo Luis.
Para fundamentar su recusación los abogados de la defensa Ingrid Higaldo y Valentín Medrano declararon que la fiscal Olga Diná ha declarado que el caso sufre una pena de 30 años de prisión, cuando esto no llega ni siquiera a una violación de la Ley 241.
Los hechos se produjeron el pasado 28 de abril cuando los escolares se dirigían a la capital desde la localidad de Boca Chica para visitar la Feria del Libro, y los miembros de dos colectivos sindicales del sector del transporte interceptaron el vehículo.
Los sindicalistas cruzaron tres minibuses en una intersección por la que debía pasar el autobús para obligarlo a detenerse, y amenazaron con que, si lo movían, lo iban a quemar con todos dentro, lo que provocó vómitos y problemas de salud a los niños que estaban dentro del autobús.
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