Juan THEl magistrado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, después de encartar a 14 personas el año pasado acusándolos de recibir sobornos de Odebrecht, ha dejado fuera del “entramado de corrupción” a ocho alegando que no se encontraron pruebas suficientes. “Y sin pruebas no hay caso”, admitió.
De tal suerte que Alfredo Pacheco, Temístocles Montás, Julio César Valentín, César Sánchez, Radhamés Segura, Rudy González, Bernardo Castellanos de Moya y Máximo De Oleo, no tendrán que ir a juicio. Por ahora. (Nadie sabe lo que ocurra cuando en el año 3,800 la Cámara de Cuentas entregue los resultados de las auditorías que supuestamente realiza a las obras de Odebrecht, para determinar si hubo o no sobrevaluación).
Los acusados son: Tomy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga Arzeno, Ángel Rondón y Jesús Vásquez, que se sacó el último premio. Ángel Rondón -el más culpable de los culpables- según la pieza, es acusado, entre otras cosas, de “asociación de malhechores” y distribuir sobornos por más de 92 millones de dólares, es decir, más de 4 mil 600 millones de pesos.
“Podemos afirmar de manera clara y precisa, que este grupo ha recibido sobornos. Hemos comprobado de manera irrefutable que presentan un patrimonio que simplemente no pueden justificar”, afirmó. Los “números no cuadran” cuando hicieron el cruce entre salario y bienes poseídos mientras ocuparon los cargos públicos, explicó.
(Si investigan las fortunas de los políticos que han pasado por los gobiernos, no las podrán justificar. Los números tampoco cuadrarán, de eso podemos estar seguros)
Sobre los periodistas Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara, cuyas cuentas bancarias fueron investigadas al igual que las de sus respectivas esposas, hijos y demás relacionados, por su vinculación con Ángel Rondón, no dijo una sola palabra. (¿¡)
Como no soy investigador, fiscal o juez, debo acogerme al principio de presumir la inocencia de todos hasta tanto el expediente no adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
No puedo afirmar -categóricamente- que uno u otro es culpable o inocente. Los jueces lo harán, siempre y cuando no estén al servicio del Gobierno que obviamente ha politizado y desacreditado el expediente.
No quiero, tampoco, analizar la parte política. Ya lo hice en el trabajo del pasado domingo.
De lo que sí quiero hablar es de ética y moral; de los daños causados a personas inocentes, según el Ministerio Público. No podemos acusar y apresar primero, para después investigar.
Me pregunto, ¿si Pacheco, Rudy González, Castellanos de Moya, Valentín, Segura, César Sánchez y De Oleo son inocentes, si no hay pruebas en su contra, quién resarcirá el daño moral que le causaron, no solo a ellos sino a sus esposas, hijos y demás familiares? ¿Quién va los colegios y las universidades o el trabajo a decir que fue un error, que esas personas no cometieron ningún delito?
Recuerdo aquel aparataje militar en los hogares de esas personas -todas figuras públicas-, las cámaras fotográficas y de televisión, los reporteros que fueron avisados previamente para que no se perdieran los detalles. Toda esa parafernalia en los medios de comunicación. Aquello fue fantástico. Todo un espectáculo bien diseñado y calculado. Nada se dejó al azar.
Si los colegas Martínez Pozo y Alcántara son inocentes de las vinculaciones económicas con el señor Rondón que se les atribuyó el Ministerio Público, ¿cómo reparar el daño profesional, ético y moral que les hicieron? ¿Pueden ellos, al igual que los demás, demandar al Estado por daños y perjuicio?
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