¿Qué está pasando con los servicios públicos?

Por Juan López

Por mandatos de nuestra Constitución y varias leyes vigentes, el gobierno  tiene la responsabilidad  de administrar, conducir, organizar y crear los servicios que fueren necesarios para mejorar la  calidad de vida y seguridad  de la población;  para lo cual varias instituciones y funcionarios gubernamentales ejecutan planes, programas y actividades para recaudar recursos económicos en la población, para elaborar el  presupuesto nacional anual.

Con esos recursos el gobierno, a través de las instituciones estatales, tiene que administrar bien las diferentes partidas consignadas en los presupuestos para que los servicios públicos se ofrezcan oportunamente en cantidad y calidad suficientes para garantizar que generen bienestar y seguridad  a la población, progreso y paz social en el país.

No obstante esas taxativas disposiciones legales, en los últimos meses, varios sectores de la sociedad están llenando los medios de comunicación  y redes sociales con múltiples quejas y demandas porque diferentes instituciones y funcionarios gubernamentales no están cumpliendo con sus obligaciones, principales causas para que varios e importantes servicios públicos se están ofreciendo con significativas deficiencias y en ínfimas  cantidades. Veamos:

Los altos precios de los principales productos de la canasta alimentaria del país disminuyen el poder adquisitivo de la clase media y sectores populares por lo cual están “con el grito al cielo”, que se pretende apagar con “cifras estadísticas” ajenas a la realidad que manipulan los técnicos del Banco Central.

La delincuencia y violencia se incrementan considerablemente. Por más promesas que hace el presidente Abinader y sus funcionarios,  para la mayoría de los dominicanos la inseguridad ciudadana es el principal fracaso del gobierno que nos mantiene en total zozobra e incertidumbre.

Para obtener o renovar una libreta de pasaporte es menester esperar más de seis meses y dedicar varios días y  largas horas en su procura en las oficinas de la Dirección Nacional de Pasaportes.

El retorno de largos y tediosos apagones así como el sustancial aumento de las facturas que, mensualmente, se deben pagar, son claras evidencias de las improvisaciones e incapacidad de las instituciones y funcionarios de las áreas de la electricidad.

Un coro nacional pregona que, a pesar de que el Ministerio de Educación “ejecutó” el  mayor presupuesto de la historia; Sin embargo, el recién finalizado año escolar ha sido el de peores resultados en cuanto a la calidad y cantidad de la educación que se debió impartir en los centros educativos públicos.

Los hospitales públicos funcionan con muchas precariedades: carestía de camas, falta de equipos médicos, inexistencias de medicamentos, personal médico y paramédico insuficientes. Una cita se concede para meses, a menos que los pacientes se presenten con una enfermedad grave o producto de accidentes.

Los servicios de mantenimiento a las instalaciones deportivas en los municipios y atenciones a los deportes que necesitan practicar nuestros jóvenes “brillan por su ausencia”. Tal parece que este gobierno clausuró el Ministerio de Deportes por infuncional.

Los funcionarios del INTRANT y la  DIGESETT no pegan una. El tránsito vehicular va de mal en peor. Los extensos y odiosos tapones se multiplican; es alarmante la cantidad de accidentes en calles y carreteras  con secuelas de cantidades de muertos y heridos, convirtiéndose en el principal dolor de cabeza de quienes tienen que viajar a trabajar, estudiar o en calidad de turistas.

También se evidencian importantes fallas del Sistema 9.1.1. en la rápida atención de emergencias; en las frecuentes interrupciones del metro de Santo Domingo y el deterioro de sus escaleras. Son muchas las deficiencias y escándalos por fraudes millonarios en las tarjetas Supérate para asistencia social, así como  los pésimos servicios de agua potable a la población en la mayoría de nuestros municipios.

Ese conjunto de evidencias en el deterioro de tan importantes servicios públicos, muy preocupantes, nos inducen a reflexionar las respuestas a estas preguntas:

¿Qué está pasando con los servicios públicos? ¿El presidente Abinader y sus funcionarios sabrán que esas inocultables deficiencias en los servicios públicos reducen la calidad de vida de la población? ¿Que el gobierno tiene el ineludible deber de aportar oportunas y adecuadas soluciones, y evitar retroceder antes que generen convulsiones que afecten la paz social y gobernabilidad democrática que merece nuestro país?  ¡Ojalá puedan actuar antes de que sea tarde!