Rafael Matos FélizUn proceso traumático que separó, en forma evidente, a los que propugnan por el desarrollo sostenible y los que buscan “el dame lo mío”, lo fue la lucha y gestión para la construcción de la Ciudad Universitaria de la UASD aquí en Barahona.
Al final de la década de los 60, un grupo de barahoneros (Comité de Apoyo) iniciaron las acciones para que en Barahona se instalara una Extensión de la UASD; universidad esta que había parido en el 1966, el Movimiento Renovador. Este Movimiento definía a la universidad como universidad pública nacional y ello permitió que se aprobara la instalación de extensiones en las distintas regiones del país.
Luego el Comité de Apoyo logró obtener, en calidad de préstamo, el edificio que sirvió como Casino del Sur del Centro Sirio-libanés, que está contiguo al edificio de Aduanas. Allí el 26 de febrero del 1970 se inicia la actividad universitaria por primera vez en la ciudad de Barahona. Así nace la primera Extensión de la UASD. Al día siguiente, 27 de febrero, se inaugura la segunda extensión en San Francisco de Macorís.
A partir de ese momento, la educación universitaria se abre paso en la provincia, trayendo eso un verdadero desarrollo en toda la región suroestana. En la medida que crece el ingreso de estudiantes a las aulas, se hace necesario que en la misma medida se amplíe la infraestructura académica. Se lograron espacios prestados, se construyó un nuevo edificio y aun así, ello no fue ni era suficiente para la población universitaria.
La Dirección del CURSO del periodo 2002-2005, le da carácter a la necesidad de gestionar una Ciudad Universitaria que pueda albergar, en proyección estratégica, a la población académica que crece día a día. Es de ahí que, con las asociaciones de profesores, de estudiantes y de empleados, la Dirección del momento inicia la gestión para conseguir los terrenos que ocupaba la Quinta Brigada del Ejército en esta ciudad.
Esta ruta se traza como estrategia debido a que la explosión del Polvorín de San Cristóbal, ocurrida al final del 2000, llevó a la decisión gubernamental, en el 2001, de sacar todos los recintos militares de las ciudades, a fin de evitar catástrofes y así eliminar los riesgos para la población civil.
Se inician las acciones desde el Centro-UASD para el logro de ese objetivo y se busca sostener un encuentro con el Presidente de la República, que a la sazón lo era Hipólito Mejía. Se logra hablar con el Presidente y a la solicitud del CURSO, él señala su aceptación y disposición, pero nos recomienda hablar con el Secretario de las Fuerzas Armadas, que lo era José Miguel Soto Jiménez.
Se logró hablar con el Secretario, y al saber que el Presidente nos envió, señaló que si su comandante en jefe estaba de acuerdo, él como respetuoso de los mandos no tenía más opción que acatar y dar cumplimiento; pero quería saber, si nos entregaba el recinto militar, dónde iba a alojar a “los efectivos” que en él se encontraban. Que para ese entonces, nos hizo saber, eran unos 300 guardias.
Entre la Dirección y el Presidente de la Asociación de Profesores, se acordó proponer que se realizara una permuta entre los terrenos de la Quinta Brigada del Ejército y los terrenos que la UASD poseía en la zona de Riochil (las 300 tareas donadas por la familia Delmonte). Diseñamos la propuesta y la presentamos al Consejo Universitario y la misma fue aprobada. Volvimos donde el Secretario con la respuesta y acordamos una visita de él a los terrenos para conocer la realidad en forma directa.
Ahí mismo se inició en Barahona la oposición a ese proyecto de desarrollo. Sectores del partido de gobierno se frotaron las manos y buscaron afanosamente que a sus partidarios se les repartieran los terrenos de la Quinta Brigada. Desde la Gobernación local se le pidió al Presidente que solo le diera a la UASD, las edificaciones y que los terrenos se los repartieran a los perredeístas para proyectos de viviendas. O sea, veían a la Ciudad Universitaria como un gueto, entre casas, colmados, ganados, etc.
Desde la Gobernación se les “apartó” un solar a todos los militantes del partido que dieran por adelantado hasta 5,000 pesos. Eso llegó a llenar una alcancía de varios millones de pesos, que aún hoy no se sabe a dónde fueron a parar. Se tuvo el tupé de pedir un Decreto que planteaba la ocupación de los terrenos de urgencia, para lotificarlo y repartirlo a los militantes del partido, para “su proyecto de viviendas”.
Seguimos más adelante con este tema
Agregar comentario