Prisión preventiva a dos hombres implicados en muertes de otros dos

El Juzgado de la Instrucción de la provincia Hermanas Mirabal dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres que son acusados por el Ministerio Público de presuntamente haberle ocasionado la muerte a otros en distintos hechos ocurridos esta semana en diferentes sectores de esta provincia.

El citado tribunal impuso la medida de coerción en contra de Juan Michael Gabriel Camacho, alias Misael, y Antonio Enrique de la Cruz Peguero  «Boti», quienes deberán cumplir la prisión en la cárcel Pública Juana Núñez del municipio de Salcedo.

En la solicitud de medidas de coerción hecha contra Juan Gabriel Camacho el Ministerio Público le imputa ultimar de ocho disparos de arma de fuego a Rafael Pedro Rodríguez García  «Rafa», mientras éste esperaba ser atendido en un negocio de venta de hot dog.

Según la investigación, el hecho ocurrió en momentos en que el imputado se presentó en el negocio de venta de comida rápida con la intención de imponerse en el turno para que le atendieran primero, generándose una discusión que molestó al imputado y donde éste sacó un arma con la que le habría ocasionado los disparos mortales a Rodríguez García.

Con relación al caso de Antonio Enrique De la Cruz, la instancia señala que le habría provocado la muerte de varias estocadas de arma blanca al nacional haitiano Juluner Estelien, en un hecho ocurrido el pasado 8 de marzo en la comunidad Vuelta Bella del municipio de Villa Tapia, en la provincia Hermanas Mirabal.

El hecho presuntamente se originó cuando el imputado se presentó a la residencia de la víctima y, sin mediar palabras, lo atacó a puñaladas, ocasionándole la muerte, en un hecho en el que también resultó herida de arma blanca una sobrina del hoy occiso.

Durante las audiencias para el conocimiento de las medidas de coerción el Ministerio Público presentó diferentes evidencias que vinculan a los encartados con los hechos por los que están siendo procesados, los cuales constituyen una violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley número 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Redacción