RedacciónEl Tribunal Superior Electoral (TSE), la Junta Central Electoral (JCE), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron este miércoles un estudio sobre la participación política y el acceso a la justicia contenciosa electoral de las mujeres en las elecciones de 2016.
Titulado «Más Mujeres, Más Democracia: Desafíos para la Igualdad de Género en la Política», el estudio se basa en datos sobre los resultados electorales de 2016, que muestran que, históricamente, los partidos, al igual que otras instituciones, se han caracterizado por ser organizaciones sexistas, donde las mujeres juegan un papel secundario.
La resistencia de los partidos a integrar equitativamente a las mujeres se demuestra en el caso dominicano con las posiciones de dirección de los partidos políticos, puesto que casi todos los presidentes y secretarios generales de partidos políticos son hombres.
De 26 partidos políticos registrados en la JCE para las elecciones de 2016, solo uno lo preside una mujer y únicamente en dos casos hay una mujer ocupando la secretaria general.
En las últimas elecciones para senadurías, alcaldías y distritos municipales se presentó el menor porcentaje de mujeres nominadas, posiciones en las cuales no se aplica la cuota y en algunas la alternancia.
La mayoría de las postulaciones de mujeres se concentró en las diputaciones, vicealcaldías y regidurías, donde se aplica la cuota o alternancia, y que fue donde más mujeres fueron elegidas.
El estudio también comprobó que, en contra de la idea generalizada de que la ciudadanía no vota por las mujeres, en las pasadas elecciones en las 19 provincias donde se eligieron mujeres diputadas, el promedio general de votos es mayor para las mujeres que para los hombres, con 8,957 y 8,824 respectivamente.
Además, en 8 de estas 19 provincias las mujeres obtuvieron, en promedio, mayor cantidad de votos que los hombres, lo que indica que las mujeres aportaron más votos a sus partidos que los hombres.
La vinculación entre justicia electoral y los derechos de las mujeres recién empieza a tener fuerza en la región, y con esta investigación se ha comprobado que las mujeres atraviesan muchos obstáculos para el acceso a la justicia electoral.
Entre los principales escollos está el desconocimiento de normas internas de los partidos y los procedimientos contenciosos electorales; la carencia de abogados/as con conocimientos de legislación y jurisprudencia electoral para la defensa de las mujeres; limitaciones económicas, acoso y violencia.
El estudio también evidenció que la cuota y el compromiso de los órganos electorales con la igualdad de género son factores que favorecen el aumento y la participación de las mujeres en la política.
Una de las metas del Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 sobre igualdad de género es «velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública».
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