RedacciónLa Procuraduría General de la República, aclaró que en los documentos suministrados por las autoridades de Brasil no se infiere que hayan sido pagados sobornos para ganar el proceso de adjudicación ni para el Contrato de EPC (Engineering Procurement and Construction), del proyecto de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
No obstante, la PGR señaló que un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el congreso del financiamiento para la construcción de esa Central Termoeléctrica.
Según la Procuraduría, la acusación contra los legisladores proviene de la confesión de un empleado de la empresa Odebrecht.
La Procuraduría hace la aclaración ante las aseveraciones y cuestionamientos realizados por algunos de los abogados de los imputados con relación al Proyecto Punta Catalina y la no inclusión de personas vinculadas a este proyecto en el proceso de solicitud de medidas de coerción en el caso de Odebrecht.
Sin embrgo, la PGR puntualizó que tal cual se contempla en la solicitud de medidas de coerción, existen indicios serios y graves de que para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional sí se pagaron sobornos.
Señaló que en cuanto a esos hechos, existen dos personas contra quienes se están pidiendo medidas coercitivas, dentro del grupo de señalados por el Ministerio Público el pasado lunes, como parte de las diligencias de la investigación de los sobornos pagados por la constructora brasileña.
Sostiene, además, que las confesiones de este empleado reposan en el expediente depositado por ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción del caso Odebrecht, cuya audiencia fue recesada para el próximo martes a las seis de la tarde.
Se recuerda que En el expediente del Ministerio Público para que se dicten medida de coerción de 18 meses figuran: Ángel Rondón Rijo, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, César Domingo Sánchez Torres, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno,Juan Roberto Rodríguez Hernández, Juan Temístocles Montás Domínguez, Porfirio Andrés Bautista García, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González.
También los senadores Julio César Valentín Jiminián y Tommy Alberto Galán Grullón, así como el diputados Alfredo Pacheco Ozoria.
Cada una de estas personas están siendo sometidas a la justicia, por haber cometido presuntamente todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la ley 448-06 sobre soborno.
De igual forma, los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; los artículos 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio que era norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
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