RedacciónEl exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, acusado de formar parte de un grupo que recibió soborno y repartió para la adquisición de ocho aeronaves Super Tucano en 2008, salió de la cárcel este viernes sin fichar, como quería hacerle el Ministerio Público, quien lo mantuvo en cautiverio a pesar de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenara su libertad.
“Definitivamente en ese caso que advierte una intención de avasallar mediante la humillación… nos oponemos a que usen las Fuerzas Armadas; que se metan con su pocilga de políticos corruptos», dijo un informante.
Peña Antonio solicitó a las autoridades que se le practique una auditoría de la A a la Z al contrato de compra de los ochos aviones Super Tucano para que se compruebe que “nuestra gestión no se vio empañada por esos aviones”.
En cuando al coronel Carlos Piccini, el alto oficial seguró que se ha cometido una gran injusticia, se le ha maltratado, “no creo que ese sea el trato que merece un oficial que tanto ha hecho por el país”.
El general Peña Antonio reiteró estar a disposición de la Justicia y demás organismos del Estado, “no poderes fácticos, sino a los poderes del estado para poder aclarar de una vez y por todas este asunto que se ha presentado aquí en República Dominicana”.
Anteriormente, este multimedios DominicanosHoy había publicado que el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio se negó a ser fichado con una placa en el pecho, razón por la cual el Ministerio Público aun no lo ha puesto en libertad, como lo ordenó el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que presidente el magistrado Alejandro Vargas.
“Este es el último capítulo del show con Peña Antonio: no lo han puesto es libertad porque querían ficharlo (con una placa con número) y él se ha negado. Ahí se ve claramente la intención de humillar el símbolo que representa”, dijo una fuente ligada a las Fuerzas Armadas.
A principio de esta semana, un grupo de militares se quejaron sobre el trato que le han dado a Peña Antonio, afirmando que otros hombres de uniforme han cometido hechos horrendos y no han sido humillados de esta forma.
“Al general de brigada Pou Castro, confeso asesino del periodista Orlando Martínez, estuvo años detenido en el Ministerio de Defensa; y en el caso de los aviones Súper Tucanos, a un exministro de las Fuerzas Armadas, exjefe Fuerza Aérea Dominicana, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, sin ser condenado ni demostrada su culpabilidad, lo trancan en el Palacio de Justicia”. Esta fue la queja del grupo de militares molestos por la forma en que han tratado al alto oficial.
Según una fuente militar de DominicanosHoy, el problema entre facciones políticas lo que busca es hacer daño a las Fuerzas Armadas: “Hay que demostrar la culpabilidad del mayor general Peña Antonio antes de tomar la decisión de dejarlo en una cárcel y no hacerlo de manera deliberada”.
Entiende que: “Eso pasa cuando los ministros no saben de eso, no conocen el significado de las palabras ‘mística’, tradiciones, y el respeto a los símbolos militares. Quienes ganan son los narcos y delincuentes al debilitarse las estructuras de seguridad, defensa y orden público”
“Hace tiempo que la expresión fuero militar es apenas una expresión histórica y romántica”, agregó.
Y “al parecer, sin conocimientos legales aplicables a los miembros activos, donde está indicado el procedimiento instituido por ley que indica el arresto, suspensión de funciones y puesto a disposición de la justicia; pero, siempre bajo custodia del arma correspondiente… con excepción de oficiales generales que la custodia era en la Secretaría de las Fuerzas Armadas; ese era el procedimiento”.
Indica que es importante leer la Ley 34-83, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas No.7532, de fecha 5 de marzo de 1953 y 13 de febrero de 1953, aún vigente.
“Art. 3: Son también de la competencia de las jurisdicciones militares las infracciones cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones, sea cual fuere el lugar donde fueron cometidas.
“Art. 4: Están sujetos a la jurisdicción militar, en las condiciones previstas en el artículo anterior: Los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos…cuando unos y otros estén en actividad de servicio.
De la Ley Orgánica de las FFAA No. 139-13, del 13 de septiembre del 2013. Título XII. Art.254. Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario.
La jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia: “Es decir, dentro de ese Código de Justicia, si la acusación es sobre un acto en el ejercicio de sus funciones, y más en la compra de material de defensa y seguridad. Más claro ni el agua”.
El caso
El exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general piloto (FARD), Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel técnico de aviación Carlos Piccini Núñez, fueron apresados y se encuentran detenidos en la sede de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por el caso de la venta de los aviones Súper Tucanos.
El mayor general piloto Peña Antonio, quien fuera jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, acudió voluntariamente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y el coronel Piccini Núñez fue puesto a disposición de sus requirentes por instrucción del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Elvis Marcelino Féliz Pérez, vía la Consultoría Jurídica de ese organismo.
Comentario sobre el procedimiento
El vicealmirante retirado, Homero Luis Lajara Solá, envió este comentario al periodista Orlando Gil, del Listín Diario:
Después de saludarte, al leer tu columna de hoy sábado, la misma me motivó a hacerte unos comentarios relativos al procedimiento utilizado en la detención del pasado Ministro de Defensa y Comandante General de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general piloto Pedro Rafael Peña Antonio, en servicio activo, con relación a la compra de los aviones Súper Tucano.
Sin hacer juicio de valor sobre el hecho que el Ministerio Público le imputa al general, junto a otras personas, me circunscribo a la ley y al protocolo que se habían establecido para tales fines. Primeramente, para procesar un militar activo en la justicia civil, lo primero que hay que hacer es suspenderlo en funciones, y de acuerdo a lo que me han dicho, como al general Peña Antonio solo lo llamaron para interrogarlo, no para trancarlo, eso no sucedió. Todo esto me luce extraño.
En ese orden de ideas, en más de 30 años que serví a las FFAA, sobre todo como supervisor de las atenciones a oficiales generales retirados, confinados por orden del Ministerio Público en las instalaciones del hoy Ministerio de Defensa, algunos condenados y confesos, siento pesar y gran asombro por las indelicadezas acaecidas, al ver cómo se ha manejado una situación judicial que involucra al mayor general Peña Antonio, poniendo en peligro hasta su integridad física.
Recuerdo cuando en los gobierno de los presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, siendo contralmirante, me tocó ser el custodia de oficiales generales de mi mismo grado, cuando eran conducidos ante un juez, y hoy observo cómo a un oficial general activo -no condenado por un tribunal-, que ocupó las posiciones más elevadas del tren militar, lo custodiaba un personal uniformado sin jerarquía y sin entrenamiento especial, rodeado de periodistas y curiosos, como caña para el ingenio. Como no fui militar activo en la Era de Trujillo sino que pasé a retiro por propia solicitud en el gobierno del actual Presidente, me pregunto: ¿Qué sucede en realidad?
Muy atentamente,
Homero Luis Lajara Solá.
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