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Por Participación Ciudadana
Cada cierto tiempo resurge una campaña que busca restar crédito a Participación Ciudadana, pretendiendo presentarla como una entidad que responde a determinado partido político o bien a intereses extranjeros, y difundiendo que sus dirigentes han recibido altas sumas de dinero de las agencias internacionales de financiamiento, en particular de la USAID.
Ambas versiones son absolutamente desmentidas por la historia de la organización, primero por sus observaciones electorales y conteos rápidos de las votaciones y luego por sus vínculos y colaboración con todo el espectro político nacional, que ha sido parte de la historia de PC. La gran mayoría de los proyectos se desarrollaron durante los gobiernos del PLD y numerosas actividades contaron con la participación, tanto del partido como de instituciones gubernamentales, quienes colaboraron ampliamente. Sin embargo, PC mantuvo los reclamos de transparencia, rechazo a la corrupción y respeto a la institucionalidad democrática. Toda la historia de PC ha quedado ampliamente documentada, tanto en sus publicaciones y fuentes de difusión electrónica, como también en la prensa nacional que le ha dado generosa cobertura a todas las actividades, propuestas y opiniones.
Se atribuye a PC una actitud parcial frente al PLD, pero como se podrá observar en los dos mayores proyectos que hemos desarrollado, tuvimos gran participación de ese partido y apoyo de sus órganos gubernamentales, relevantemente de los dirigentes partidistas y los funcionarios del ámbito judicial. En los procesos electorales que ganó el PLD, del 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, los informes y conteo rápidos de PC dieron testimonio de los resultados.
Es cierto que unos pocos directivos de PC han salido de nuestra organización para formar parte del actual gobierno, pero eso nunca ha comprometido nuestras posiciones, esas personas se han desvinculado de nuestra militancia, que es muy diversa en posiciones políticas. Lo mismo pasó con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
El primer coordinador general de PC y uno de sus fundadores, Tony Isa Conde, formó parte de los gobiernos del PLD, incluyendo una posición de ministro. Otro coordinador general, Ramón Tejada Holguín, fue titular de la Dirección General de Análisis Estratégico de la Presidencia de Danilo Medina, el dos veces coordinador de PC, Isidoro Santana, fue ministro del Gobierno de Danilo Medina y varios más ocuparon cargos en esos Gobiernos. Donde no hubo un solo dirigente de PC, fue en el período que encabezó Hipólito Mejía, 2000-2004.
Los activistas y voluntarios de la sociedad civil mantienen su derecho ciudadano a acceder a posiciones públicas y, hasta el momento, ninguno de nuestros antiguos dirigentes ha deshonrado los principios y valores que profesamos.
Es una infamia decir que los dirigentes de PC han recibido sueldos de la USAID o de otras fuentes, por los servicios prestados, todos son absolutamente voluntarios. Sólo el personal técnico y administrativo ha recibido salarios y los mismos siempre han estado transparentados en nuestro sitio de internet.
Nuestros estatutos prohíben taxativamente que los directivos, tanto del Consejo Nacional como de las comisiones de trabajo, reciban remuneración alguna y esta disposición siempre se ha cumplido.
También son infamantes las denuncias de que periodistas han sido pagados con el financiamiento de la USAID y mucho más que con esos fondos se hayan desarrollado campañas contra los intereses nacionales. Esto carece del mínimo soporte, choca con la transparencia con que se han manejado los fondos recibidos y con el limpio historial de vida de esos ciudadanos y comunicadores.
Lucha contra la corrupción
Desde su nacimiento PC colocó la lucha contra la corrupción entre sus principales ejes programáticos. Ya para principios del Siglo XXI la organización decidió que esta sería su prioridad e inició contactos para ingresar a Transparencia Internacional, siendo designada en el 2004 como capítulo nacional de la misma. La mayoría de las acciones realizadas por la organización, incluyendo la observación de las elecciones y el impulso de leyes, tienen un alto componente de educación ciudadana para aglutinar fuerzas y emprender acciones contundentes que disminuyan la corrupción y la impunidad. Las publicaciones de PC han sido referentes y documentos para la historia en materia de lucha contra la corrupción, sin jamás haber recurrido a la mentira, todo lo que se ha denunciado ha sido ampliamente documentado.
Fue sistemático el seguimiento y la demanda de justicia por los fraudes bancarios que en el 2002-03 hundieron la economía nacional. Lo mismo ocurrió frente a otros escándalos como el caso Sum Land, Odebrecht y a todos los expedientes de alta corrupción que han cursado en la justicia. En los casos mayores PC ha publicado folletos resúmenes para educar a la ciudadanía e incentivar los reclamos de fin de la impunidad. Actualmente está dando seguimiento a los procesos judiciales en curso.
RELACIÓN CON LA USAID:
Los dos programas más extensos y de mayor financiamiento
de la USAID gestionados por Participación Ciudadana (PC)
*Programa de Formación y Gerencia Política de Jóvenes Líderes de República Dominicana (2005-2012)
Fue gestionado por PC, conjuntamente con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Contó con la colaboración nacional del Senado de la RD, el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), de la Oficina Nacional de Administración de Personal, luego Secretaría de Estado y Ministerio de Administración Pública (MAP).
Colaboración internacional: Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados Unidos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y del Ayuntamiento de Málaga, España.
Para su ejecución, el programa tuvo un Consejo Consultivo integrado por seis profesores de las universidades participantes y los secretarios generales del PLD, PRD, PRSC, Reynaldo Pared Pérez, Orlando Jorge Mera, y Víctor Gómez Casanova. La FNP representó a 19 partidos emergentes.
Coordinador general: Rafael D. Toribio
Dos etapas: 2005-08 y 2008-12
Costo total: 4,253,600.00 dólares
Tuvo el objetivo de contribuir a modernizar el liderazgo político, fortaleciendo la presencia de la juventud en el ejercicio de la política y abrir paso a una nueva relación entre la sociedad y la política.
En su ejecución se hicieron diplomados dirigidos a jóvenes propuestos por los partidos, de 72 horas de formación sobre liderazgo y gerencia política, abarcando el sistema democrático y sus instituciones, valores, liderazgo y prácticas democráticas, modernización y gerencia de los partidos políticos.
En la segunda etapa se agregó el entrenamiento de los que habían registrado mejor rendimiento en los diplomados para que pudieran ser capacitadores de dirigentes medios y de base de sus propios partidos. En el 2011 los egresados de los cursos constituyeron una Red de Jóvenes Líderes, vinculando a los de múltiples partidos que operó por varios años.
Participantes:
En total 2,040 jóvenes entre 18 y 40 años de edad, 72% hombres y 28% mujeres.
1,754, el 86%, provenientes de 18 de los 23 partidos reconocidos por la JCE
286, el 14%, provenientes de 263 organizaciones de la sociedad civil.
208 dirigentes de partidos entrenados como capacitadores.
118 militantes certificados como capacitadores, Estos a su vez impartieron los conocimientos adquiridos a 4,673 dirigentes medios y de base de los partidos en 35 municipios de 16 provincias. Los cursos abarcaron las 31 provincias y el DN, y se impartieron en universidades y centros culturales de las mismas. Una condición para ser aceptados era la presentación de una carta de acreditación del partido o la organización a que pertenecían.
Distribución de los 2040 participantes en los diplomados:
632 (31%), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
469 (23%), del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
265 (13%), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
82 (4%), del Partido Alianza por la Democracia (APD)
306 (15%), de 14 partidos emergentes o minoritarios
286 (14%), de 263 organizaciones sociales, incluidos en la segunda etapa
2.- Acceso Ciudadano a la Justicia, o Casas Comunitarias de Justicia (CCJ)
Dos etapas:
2005-2018, gestionado por Participación Ciudadana
2018- 2025 gestionado por el Centro Casas Comunitarias de Justicia Inc.
Financiamiento de USAID vía PC (2005-16): 4 millones 253 mil 600 dólares
Director Ejecutivo: José Ceballos
Colaboración de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República, y de las fiscalías provinciales y ayuntamientos, que aportaban abogados y ayudantes fiscales. El promedio de empleados por cada CCJ ha sido de seis, en su mayoría pagados por el proyecto.
Objetivo: Contribuir a la reducción y resolución de los conflictos en las comunidades barriales, así como a la disminución de la delincuencia con la integración de los dirigentes comunitarios a las labores de asistencia prevención. También reducir la enorme cantidad de querellas sobre delitos de poca monta que abarrotaban las fiscalías, conciliando posiciones e intereses.
Durante el período 2005-06 se desarrollaron jornadas de consulta y capacitación con participación de 5,012 personas, y entrenamiento para los primeros 69 mediadores, dando origen al Plan Nacional de Resolución de Conflictos.
La primera CCJ fue abierta en el barrio Cienfuegos de Santiago, en octubre del 2006 y en la actualidad suman 10, operando tres en Santiago, una en el DN, una en Santo Domingo Oeste, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Mao y Puerto Plata. El proceso tuvo asistencia técnica de DPK Consulting.
En 18 años, hasta el 2024, las CCJ han prestado servicios a 650 mil personas, en el 90% de los casos con resolución de conflictos
Desde el 2016, PC consideró que las CCJ necesitaban mayor autonomía para su desarrollo y operatividad, por lo que inició un proceso que culminó con el traspaso del programa a la fundación Casas Comunitarias de Justicia Inc., aunque ha mantenido un representante en su consejo directivo. Las 10 casas siguen dando servicios y resolviendo conflictos en los barrios populares donde operan. Haberse separado de Participación Ciudadana les permite a las Casas Comunitarias de Justicia recibir apoyo presupuestario del Gobierno para cumplir sus funciones, algo que no es posible dentro de PC.
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