El MotínEl periodista y abogado David Lorenzo denunció que, a casi 4 años de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC-0428-18 que ordena al antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), actual Ministerio de la Vivienda, entregar su apartamento a una familia que posee el título del mismo, pero las autoridades desacatan el fallo, utilizando tácticas dilatorias.
El profesional del derecho, quien representa a los esposos Rafael Polanco Peralta y Aida Fernández de Polanco, señaló que desde hace varios meses se mantienen en comunicación con las autoridades del Ministerio de la Vivienda que se muestran en disposición de entregar a sus legítimos dueños el apartamento 1-D, de la manzana 4698, edificio 18, del sector Invivienda Santo Domingo, pero pasan las semanas sin que ejecuten en la práctica la medida.
Lorenzo dijo que funcionarios del Ministerio de la Vivienda visitan con frecuencia a los propietarios del inmueble y les dicen que están trabajando su caso, mientras tanto el coronel de la Armada Dominicana Jeffrey Rocha, sigue ocupando el apartamento a sabiendas de que viola el derecho de propiedad de sus legítimos dueños, por lo que no descarta apelar a sus superiores para que les obliguen a cumplir el mandato de la Constitución y las leyes que definen como intruso a quien ocupa una propiedad privada titulada.
Precisó que los fallos de la alta corte, conforme al Artículo 31 de la Ley 137-11 Orgánica del TC y los Procedimientos Constitucionales, son vinculantes para todos los órganos del Estado y que, con su actitud irresponsable, los funcionarios del Ministerio de la Vivienda violan el Artículo 51 de la Constitución que señala:
“El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
En ese sentido indicó que Polanco Peralta y su esposa, Fernández de Polanco, fueron afectados en el 2000, cuando el entonces encargado de proyectos sociales del INVI, José Rivas García, en franca prevaricación, se apropió del apartamento, violando los derechos de sus legítimos propietarios, quienes emprendieron acciones legales en varias instancias, hasta conseguir que el Tribunal Constitucional les reconozca sus derechos.
El abogado Lorenzo recordó que la sentencia TC-0428-18 impuso una astreinte al INVI, hoy Ministerio de la Vivienda, como forma de motivarle a solucionar el caso en el menor tiempo posible y que ni siquiera eso ha valido para que las autoridades cumplan lo establecido en la Constitución y las leyes, por lo que se reservan el derecho de emprender nuevas acciones legales con esos fines.
Agregar comentario