RedacciónEl presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Arístides Victoria Yeb, manifestó este jueves que la garantía económíca y la prohibición de salida del país dictada por el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, contra los legisladores vinculados al caso de sobornos de la empresa Odebrecht, es ilegítima e improcedente.
la provincia María Trinidad Sánchez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señaló que los hemiciclos no han decidido si despojan o no de la inmunidad parlamentaria a los congresistas.
Recordó que el Senado solo tiene nueve días con la referida solicitud y según la Constitución el plazo establecido son dos meses para rendir su informe sobre si procede o no quitar la inmunidad parlamentaria.
“Si el Senado no ha tomado una decisión y la legislatura aún está abierta es improcedente que el magistrado impusiera una medida de coerción en contra de los tres legisladores”, estimó.
Explicó que la disposición de impedimento de salida les coarta la libertad de tránsito a los legisladores que está consignada en el artículo 46 de la Constitución y se preguntó: “Si ellos se negaran a cumplir con la medida impuesta por el juez, ¿qué procedimiento va usar a los fines de obligarlos a que ellos cumplan? ¿Los va a arrestar? No puede”.
Victoria Yeb entiende que el juez debió esperar la decisión del Congreso sobre la solicitud.
El senador de la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, consideró incorrecto el fallo en cuanto a los legisladores y señaló que también es penetrar en el ámbito de acción de los poderes del Estado.
“Lo que se ha establecido con esa sentencia es limitar a una persona que tiene privilegio de inmunidad, que solamente el hemiciclo le puede quitar. Entonces, mientras se está conociendo esa solicitud que hizo el juez, se pone ya una medida de coerción a esas personas”, cuestionó.
En tanto, el diputado nacional por el Frente Amplio, Fidel Santana, explicó que no tiene sentido el veredicto, pues hasta que no se retire la inmunidad no puede ser objeto de medida de coerción.
Igualmente, el legislador y miembro del Comité Político del PLD, Radhamés Camacho, dijo que toda acción que se tome sobre la base de la ilegalidad es ilegítima, al mismo tiempo aseguró que los congresistas no tienen que pagar la fianza, por haber sido tomada sin que las cámaras legislativas hayan decidido en ese sentido.
En opinión de los congresistas, la sentencia del juez Ortega con relación a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del PLD, y del diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, traspasa los límites de competencia entre los tres poderes del Estado, por lo cual consideran que la coerción en su contra cae en franca violación a la Carta Magna.
