RedacciónLa Suprema Corte de Justicia (SCJ) notificó este viernes a la Procuraduría General de la República (PGR) las medidas cautelares establecidas por el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, con relación a los imputados en el caso de los sobornos de la empresa Odebrecht.
Con dicha notificación, la PRG podrá realizar el traslado de los imputados a las diferentes cárceles y tomar las medidas de seguridad correspondientes.
En la notificación, el jueces de la instrucción especial declara como buena y válida, en cuanto a la forma la solicitud de medida de coerción hecha por el Procurador General de la República, mediante su titular, el procurador Jean Alain Rodríguez, en contra de los ciudadanos:
Juan Temístocles Montás, exministro de Economía y Planificación; Tommy Alberto Galán Grullón, senador de la República por la Provincia San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, senador de la República por la Provincia de Santiago de los Caballeros; y Alfredo Pacheco Osoria, diputado del Congreso Nacional por el Distrito Nacional.
Así como contra los imputados: Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas de Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
A los imputados antes mencionados se les investigará por presunta violación a las disposiciones legales contenidas en los artículos 146 de la Constitución de la República, 123, 124, 125, 166,167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
De igual forma, por violar los artículos 2 y 3 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves y, 2 y 7 de la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, por ser conforme a la norma procesal vigente de la República Dominicana.
Sentencia Odebrecht
Se impusieron contra los imputados las siguientes medidas de coerción:
La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 7mo., consistente en prisión preventiva contra:
Ángel Rondón Rijo, por espacio de un (1) año, a ser cumplido en la Cárcel Pública de La Victoria.
Víctor José Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, por espacio de Nueve (9) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo.
Juan Temístocles Montás, Porfirio Andrés Bautista García y Ruddy González, por espacio de Seis (6) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo.
César Domingo Sánchez Torres y Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, por espacio de Tres (3) meses, a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo.
La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral 6to., consistente en arresto domiciliario, contra:
Ramón Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por espacio de nueve (9) meses;
Las establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numerales 1ero. y 2do., consistentes en la presentación de una fianza ascendente a RD$5,000,000.00, como garantía económica; e impedimento de salida del país, contra:
Tommy Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la Provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín Jiminián, Senador de la República por la Provincia de Santiago de los Caballeros, y Alfredo Pacheco Osoria, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional.
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