RedacciónLa misión es encabezada por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, y fue solicitada por el presidente haitiano Michel Martelly, y aprobada durante una reunión extraordinaria del organismo realizada el miércoles de la semana pasada.
Miles de opositores al gobierno protestaron el sábado pasado contra la “injerencia extranjera” que amenaza con alterar el traspaso de poder previsto por la Constitución para el próximo 7 de febrero.
La misión se reunirá con funcionarios del gobierno, representantes de fuerzas opositoras y organizaciones políticas y de la sociedad civil, para tratar de promover el diálogo entre todos los sectores.
Sanders llegó acompañado por el hondureño Leonidas Sonia Bautista, la santaluciana Sonia Johnny, el asesor político principal del Secretario General de la OEA, Gabriel Bidegain; y el director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA, y Steven Griner.
Los enviados de la OEA fueron recibidos en Puerto Príncipe por el representante especial del organismo en Haití, Frederic Bolduc, quien prestará asistencia a la misión según informó el organismo.
Una coalición de candidatos de oposición conocida como Grupo de los 8 (G-8) lamentó esta semana la decisión de la OEA de enviar a Haití “una curiosa misión de mediación”, poco después de lo cual Martelly, apoyado en el “respaldo ciego” del organismo, hizo “declaraciones incendiarias que podrían sumir al país en una anarquía sangrienta y en el caos general”.
“El G-8 considera que la OEA sufre, en Haití, de un déficit de neutralidad y que esto constituye un factor irritante en la búsqueda de una solución a la crisis haitiana”, señaló el grupo en una declaración en la que también desafió a las Naciones Unidas a no entrometerse en los asuntos internos del país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo la semana pasada que la solución “debe ser acordada por los haitianos”, y pidió a Martelly y al presidente del Senado, Jocelerme Privert, que el mecanismo de gobierno que se adopte a la conclusión del mandato el 7 de febrero sea refrendado por la Corte de Casación (Suprema Corte) y sea lo más breve posible.
Privert dijo esta semana en un comunicado que el jefe de Estado debe dejar inevitablemente el poder el 7 de febrero, como lo exige la Constitución, declaración firmada por el presidente del Senado.
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