RedacciónLa familia Abinader Corona no presentó, entre los documentos entregados a la prensa, certificación alguna que demuestre que el Estado le otorgó la concesión de “explotación” de yacimientos de minerales a su empresa Cemento Santo Domingo.
Con una revisión minuciosa del legajo distribuido entre los periodistas en la rueda de prensa del pasado lunes, se puede determinar que la única concesión que ha recibido hasta el momento es la marcada con el número IX/00, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio el 28 de julio de 2000, y es exclusivamente para “explorar” en el marco del proyecto “Hatillo”.
En cuanto al impacto del proyecto de “explotación”, la misma empresa Cemento Santo Domingo, todavía en 2005 llamada ABCO, S.A., en el “formulario de afectación”, le dice a la Dirección General de Minería que de las 6,197.5 hectáreas mineras que pretende “explotar” hay 5,890 (95%) dentro de la Reserva Forestal Hatillo.
De hecho, entre los documentos hay copia de una carta del 27 de septiembre de 2004, enviada por Michel Philipe Lulo Collado al director de Minería, recién instalado en el cargo, Octavio López, “reclamándole” por el hecho de que una declaración de “no objeción” a que se conceda el derecho de “explotación”, emitida por su antecesor Pedro Vásquez Chávez, había sido devuelta “de manera abusiva” a esa institución por parte del Ministerio de Industria y Comercio.
Dicho documento no establece quién devolvió la declaratoria de “no objeción”, si la ministra de Industria saliente, Sonia Guzmán (del gobierno de Hipólito Mejía), o Francisco Javier García, que inició su ejercicio el 16 de agosto de ese año 2004, con la gestión de Leonel Fernández.
La familia Abinader Corona concibe este primer acto de “no objeción” como proveedor de derechos de concesión, cuando dice, en la referida carta a López, que: “Al haber remitido el Oficio No. 1644 de NO OBJECIÓN a la concesión de explotación, le hemos dado seguimiento al mismo y nos hemos sorprendido con la información de que dicho Oficio ha sido devuelto de forma irregular a esa Dirección General de Minería, cuando ya en virtud del mismo tenemos derechos adquiridos y tenemos el beneficio de una situación legal pre-existente, por lo que solicitamos se remita nueva vez a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y a la mayor brevedad posible el citado oficio contentivo de la NO OBJECIÓN a la concesión de explotación de la zona minera denominada ´HATILLO´”.
Desde entonces, según los documentos revisados por 7dias.com.do, no hay otra solicitud al Estado para que considere el otorgamiento de la concesión de “explotación”. Es el Ministerio de Energía y Minas que en declaración oficial del 24 de noviembre último, ha informado que dicha petición data de hace cinco meses, específicamente del 8 de junio del 2015.
En cuanto al impacto del proyecto de “explotación”, la misma empresa Cemento Santo Domingo, todavía en 2005 llamada ABCO, S.A., en el “formulario de afectación”, le dice a la Dirección General de Minería que de las 6,197.5 hectáreas mineras que pretende “explotar” hay 5,890 (95%) dentro de la Reserva Forestal Hatillo.
El 4 de mayo de 2007, debido a que aún carecía de la concesión de “explotación”, la familia Abinader Corona recurrió en “amparo” ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, para que le sean garantizados los “derechos adquiridos” a través de la concesión IX/00, para la “exploración” de materiales para la elaboración de cemento.
El tribunal falló concediendo el amparo, y ordenando al Estado que respete los derechos adquiridos (para exploración) por Cemento Santo Domingo, los cuales, según consideró, fueron conculcados con la promulgación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04).
La Ley Minera 146-71, en su artículo 152 concibe como una “opinión” la decisión de la Dirección General de Minería respecto de las concesiones de “explotación” minera, al establecer: “La Dirección General de Minería si encontrara completa y acorde con las prescripciones de esta ley la solicitud de explotación, le remitirá con su dictamen a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio”.
Posteriormente dicha cartera debe remitir el asunto al Poder Ejecutivo, y si ese órgano del Estado lo aprobare, se envía nueva vez a la Dirección General de Minería para la emisión de la licencia correspondiente.
Un documento importante entre los 23 que componen el legajo entregado a la prensa por la familia Abinader Corona data del 22 de febrero de 2011, y es con el que, el Ministerio de Medio Ambiente, otorga el permiso ambiental por 5 años, para la “operación de la instalación” de Cemento Santo Domingo.
Dicha licencia fue modificada en 2012, a propósito de un proyecto de ampliación de las instalaciones de la empresa, ubicada en la sección Hatillo, municipio Las Charcas, de Azua.
El Ministerio de Medio Ambiente dice en esta resolución: “Características: La instalación Cemento Santo Domingo, S.A., es una empresa dedicada a la elaboración de cemento gris Portland (tipo I), mediante molienda de yeso, caliza y clinker, proceso en seco, con una producción de 23,000 ton/mes aproximadamente. Incluye la concesión de explotación para calizas. La fábrica de cemento ocupa una extensión superficial de terreno de 8,532.70 m2, la infraestructura está compuesta por áreas de oficinas, parqueos (visitantes, camiones y empleados), almacén y taller de reparaciones, almacén de clinker de 30 mil toneladas de capacidad, almacén de caliza y yeso, área de molienda del cemento, área de silos, empaque y despacho. La concesión minera para explotación de caliza, ocupa una extensión superficial de 6,197 hectáreas.”
El argumento del Ministerio de Energía y Minas para no acoger la solicitud de concesión de “explotación” de Cemento Santo Domingo es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le ha informado que, del área prevista, de unos 59.80 kilómetros cuadrados, el 92.78% se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó (establecido mediante decreto 571-09) y su zona de amortiguamiento, así como en la Reserva Forestal Hatillo (creada mediante la Ley de Áreas Protegidas 202-04).
El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, ha dicho que si el Estado otorga dicha concesión de “explotación” minera sería pasible de sometimiento judicial por violación de dichas normativas.
La familia Abinader Corona ha atribuido la decisión a una retaliación política, por encontrarse uno de sus miembros: Luis Abinader, corriendo por la Presidencia de la República por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), con una promesa política de representar “el cambio” frente al actual mandatario, Danilo Medina.
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